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ACOM ratifica la querella contra 12 concejales del Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna por prevaricación e incitación al odio 

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ACOM ratifica la querella contra 12 concejales del Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna  por prevaricación e incitación al odio
Es la primera vez en España que políticos, entre los que se encuentra el alcalde de Compromis, Jordi Juan i Huguet, se ven envueltos en un proceso penal por promover el odio y el antisemitismo

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La asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, ACOM, ha ratificado la querella presentada contra el Ayuntamiento de Tavernes de  la Valldigna  (Valencia) por adherirse a la campaña internacional de Boicot, Desinversiones y Sanciones contra Israel (BDS).

En este caso lo llamativo es que es la primera vez en España que la decisión de 12 concejales incitadores del odio y del antisemitismo podrá tener consecuencias penales para cada uno de ellos, entre los que se encuentra el alcalde del consistorio, Jordi Juan i Huguet, como la inhabilitación para el desempeño de cargo público e incluso de cárcel.

Los hechos se remontan a marzo de 2016 cuando el Ayuntamiento aprobó sumarse a la campaña del BDS-ELAI, tras una votación en pleno con los votos a favor de Compromís, PSPV y EU, a través de un texto que no sólo fomentaba el odio, sino que dejaba clara la promoción de la discriminación no sólo contra Israel, sino contra cualquier persona, española, israelí o extranjera, judía o no judía, que no declare su adhesión a los objetivos políticos de la campaña BDS.

ACOM interpuso recurso contencioso administrativo contra él mismo en septiembre de ese mismo año. Si bien en un principio el consistorio resolvió aceptar el recurso aceptando como válidos los argumentos de ACOM entendiendo que la declaración constituía una quiebra de las libertades públicas y la campaña lo convertía en responsable de fomentar, promover o incitar al odio, en abril de 2017 dio un giro y alcanzó un acuerdo público en el que volvía a unirse de nuevo al BDS convirtiéndose en uno de los más de 80 consistorios y diputaciones que, desde julio de 2014 se han sumado a la campaña de Espacios Libres de Apartheid (ELAI), liderada en el Estado español por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP).

En marzo de 2018, la asociación, que lidera la lucha en los tribunales contra este tipo de acciones antisemitas, decidió acudir a la vía penal, presentando querella por prevaricación e incitación al odio contra los concejales reincidentes. Y en octubre de este mismo año ha sido admitida a trámite.

La mayoría de los casos a los que ACOM se enfrenta son procesos contencioso-administrativos lo que supone que sean los equipos jurídicos de los ayuntamientos los que defiendan a los cargos públicos que pretenden utilizar las instituciones públicas con objetivos inconstitucionales y a su vez si son condenados únicamente se ven obligados a dar marcha atrás y quedan impunes. Pero en esta ocasión no es así, además de tener que contar con sus propia defensa jurídica, la causa penal abierta que tienen los 12 concejales por insistir en una decisión de la que ya habían recibido sentencia firme al respecto es un innegable caso de prevaricación dado que no se puede alegar desconocimiento previo y puede suponerles penas muy graves como inhabilitación para el desempeño de cargo público e incluso con pena de prisión.