Enfrentando abusos contra los Derechos Humanos en la Autoridad Palestina: un paso esencial para el progreso en la región

Publicada en Publicada en Actividades, ANP, Cisjordania, Conflicto, Consejo de Derechos Humanos, Consejo de Seguridad, Derecho Internacional, EE UU, Estado Palestino, Franja de Gaza, Hamás, Israel, ONU, Organizaciones, Oriente Medio, Siria, Terrorismo, Unión Europea

Original publicado en The Henry Jackson Society

Sobre el Autor
Bassem Eid es un activista de los derechos humanos, analista político, y comentarista de asuntos internos en Palestina. Bassem fue anteriormente un investigador de campo para B’Tselem; el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados. En 1996 se convirtió en el director del Grupo de Supervisión de Derechos Humanos para Palestina en Jerusalén, “PHRMG” por sus siglas en inglés. Bassem ha recibido una numerosa cantidad de prestigiosos reconocimientos por su trabajo respecto a los Derechos Humanos, incluyendo el “Premio Conmemorativo Emil Gruenzweig”, el “Premio Conmemorativo de Derechos Humanos Robert S. Litvak” y el Premio “Informazione Senza Frontiere”.
Bassem Eid, máxima autoridad palestina sobre DDHH, estará en España en abril para discutir la terrible situación de abusos en territorios bajo la Autoridad Palestina y Hamas, acercando la realidad de primera mano sobre la situación política de los árabes en Israel y los territorios, sin la manipulación mediática habitual, y la perspectiva palestina realista sobre la banda BDS, sus fines, métodos y representatividad.
Más información, próximamente en ACOM.

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  • La Autoridad Palestina sufre de un crítico déficit democrático, no habiendo celebrado elecciones desde el 2006. El término del Presidente Mahmoud Abbas expiró en Enero de 2009, sin embargo, ha permanecido desde entonces en dicho cargo.
  • La Autoridad Palestina ha sido responsable de numerosos homicidios extrajudiciales de individuos detenidos en sus instalaciones, así como de tener un largo y complejo expediente de la aplicación de la pena de muerte. Existe un fenómeno igualmente grave y generalizado de tortura y extremo abuso físico que ha tenido lugar en las prisiones de la Autoridad Palestina.
  • Los arrestos arbitrarios y detenciones continúan siendo un serio motivo de preocupación en las zonas de la Autoridad Palestina, con estas violaciones de derechos utilizadas como armas contra los oponentes del Presidente Abbas y su acción gobernante, “Fatah”
  • La Libertad de Prensa y de Expresión en redes sociales ha sido rutinariamente interferida por las autoridades Palestinas en Cisjordania. Tanto periodistas como medios de comunicación que han criticado a Abbas han sido víctimas de un sistemático acoso.
  • La Autoridad Palestina Ha violado sistemáticamente los derechos civiles básicos de la libertad de reunión y la libertad de protesta. La policía interrumpe regularmente las manifestaciones no violentas y ha utilizado con frecuencia la fuerza y la violencia excesivas al dispersar a los manifestantes, así como a los medios de comunicación que cubren estos acontecimientos.
  • El Presidente Abbas y otros líderes del Fatah, en conjunto con distintos medios de comunicación Palestinos, se han comprometido con una incitación extremista que ha causado la muerte y daños graves a muchos ciudadanos Israelíes, mientras que simultáneamente alientan a los palestinos a ponerse en peligro cuando realizan ataques y se involucran en violentos disturbios.
  • Las mujeres que viven bajo la Autoridad Palestina sufren de una discriminación generalizada y trato desigual, con pequeña –o nula- asistencia por parte de la misma Autoridad para mitigar esto. El abuso y violencia domésticos permanece como un problema en la sociedad Palestina. Igualmente, la comunidad homosexual enfrenta una severa persecución. La Autoridad no solo ha fallado en la lucha contra esta situación, sino que ha sido acusada de torturar y asesinar homosexuales.
  • La Autoridad Palestina es el recipiente de apoyo financiero por parte de la comunidad internacional. Mientras Gran Bretaña busca alentar a la Autoridad Palestina para reformar su registro de Derechos Humanos y conducta antidemocrática, los responsables de la formulación de políticas deben exigir que se preste más ayuda financiera a los dirigentes palestinos que tomen medidas cuantificables para mejorar las libertades civiles de la población Palestina.

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La condición de los Derechos Humanos en Palestina ha sido objeto de preocupación ante los ojos internacionales y de quienes crean políticas. La guarda y protección de los derechos fundamentales de los palestinos es una material que no recae únicamente en el manto del derecho internacional, sino que también se relaciona con los valores universales básicos de comportamiento ético. Además, La cuestión de los derechos humanos palestinos está fundamentalmente relacionada con la problemática política de la región.

En la búsqueda de reconciliar la actual disputa Palestino-Israelí y crear una mayor estabilidad y seguridad a dicha área, se ha reconocido que mejorar las condiciones de la población Palestina representa una parte integral del esfuerzo para alcanzar una convivencia pacífica. En adición a la preocupación general sobre la problemática de los estándares de vivienda y bienestar, es extensamente entendido que la opresión y la ausencia de libertades fundamentales para los palestinos han creado condiciones que únicamente alejan el alcance a la solución del conflicto.

Al considerar las cuestiones críticas que impiden avanzar hacia la reconciliación entre israelíes y palestinos, a menudo ha habido un fracaso para tener en cuenta el papel perjudicial desempeñado por la Autoridad Palestina (AP) abusando de los derechos humanos y de las libertades civiles. Las políticas opresivas de la AP sin duda han contribuido a alentar a una gran parte del público palestino ha encaminarse hacia grupos extremistas como Hamas. Estos abusos por parte de la AP han dificultado el proceso de negociaciones con Israel, con lo cual el gobierno del Presidente Abbas ha estado profundamente asociado. A medida que la AP se vuelve cada vez más empañada a los ojos del público palestino, lo será también el proceso de paz, con el cual el compromiso de la AP se deteriora cada vez más.

Adicionalmente a los efectos negativos que las opresiones de la AP han tenido sobre su población, la falta de legitimación para gobernar en el lado Palestino, probablemente desaliente la confianza de Israel respecto a los procesos de negociación y a concesiones futuras realizadas por Israel. El recurrente pensamiento estratégico israelí hace un énfasis en la preocupación respecto a un Estado Palestino sin leyes podría surgir en el territorio adyacente a la población israelí, lo cual podría involucrarse en un tratado de seguridad. Israel se encuentra particularmente preocupado de que un gobierno débil, opresivo y antidemocrático sea susceptible de ser derrocado, lo cual dejaría lugar a que probablemente el territorio sea controlado por elementos extremistas, como el Hamas.
Evitar la toma de Cisjordania por militantes Islamistas, como se ha presenciado en Gaza, se ha convertido en una estrategia clave para Israel. Así, es menos probable que el lado Israelí se inclinará a hacer concesiones a la AP que carece de una legitimación democrática y esta comprometida en la comisión de abusos contra su propia gente.

La Autoridad Nacional Palestina fue creada en 1994 como parte de los Tratados de Paz de Oslo, en el entendido de que serviría como un cuerpo de gobierno provisional para administrar la transición de una Independencia Política Palestina. Subsecuentemente, se ha anticipado internacionalmente que los procesos de paz no solo serán limitados a una autonomía política, si no que también se intentará una soberanía y el reconocimiento de Palestina como un Estado-Nación.

Desde el principio, la AP se vio envuelta en una mala administración aguda y una extensa corrupción, con una gran cantidad de fondeos internacionales desviados de su aplicación para proyectos específicos, así como robados por figuras mayores en la AP. Similarmente, serios abusos de DDHH pronto se convirtieron en prácticas rutinarias por las fuerzas de seguridad de la AP. Asimismo, la AP sufre de un profundo déficit democrático. Con un extenso apoyo financiero de los Estados Unidos, se pudieron sostener elecciones presidenciales en Palestina en el año 2005, así como elecciones para el Consejo Legislativo Palestino en el 2006. Sin embargo, desde estas fechas, no se han sostenido otras elecciones.

El término de cuatro años del Presidente Abbas expiró en Enero del año 2009, y desde esa fecha Abbas ha contrarrestado su falta de legitimidad con niveles crecientes de represión política. La condición deteriorada de los DDHH y libertades civiles en Cisjordania ha captado cada vez más la atención internacional, por lo que se ha aplicado cierta presión limitativa sobre la AP para rectificar esto. Como parte del movimiento de la AP para ser reconocido como un miembro observante de las Naciones Unidas, Abbas ha firmado la Convención Internacional Contra la Tortura en Abril del 2014. Esto ha obligado a Abbas a confrontar el problema de la tortura dentro de la AP, aunque hasta ahora no existe evidencia que sugiera que ha tratado de abordar este asunto de cualquier manera significativa.

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Tortura, Homicidios Extrajudiciales y Pena de Muerte

La AP tiene un largo y pobre registro de abuso de DDHH y violaciones a las leyes internacionales a través del uso de la tortura y de la emisión de sentencias de pena de muerte sin un debido proceso, lo cual también se ve implicado en los homicidios extrajudiciales. Adicionalmente, estas ofensas representan un sistemático y serio abuso de los derechos más básicos a la población que vive bajo el régimen de la AP. El uso de tortura, y ocasionalmente, de fuerza letal por las fuerzas de la AP, se sienta en la finalidad extrema de represión empleada por el gobierno del Presidente Abbas, como parte de una política para reforzar el control del poder de Fatah ante la ausencia de un mandato democrático. Como tales, los opositores políticos y los críticos de la AP han soportado el peso de estos abusos.

Muchos de los incidentes de abuso documentados son contrarios no solo a la ley internacional, sino que también a la propia legislación Palestina, sin embargo, los responsables de perpetrar estos delitos a menudo no son investigados ni procesados. No obstante, la propia ley Palestina se opone a las normas de DDHH internacionalmente aceptadas, como es particularmente evidente con respecto a la pena de muerte.

El artículo sexto de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) estipula que la pena capital es una acción que debe considerarse únicamente para las más graves ofensas, en Estados donde los procedimientos judiciales deben ser estrictos y los demandados tienen la oportunidad procesal de apelar la sentencia. Sin embargo, la ley Palestina condena con la pena de muerte por una gran cantidad de situaciones. Como la Constitución Palestina adopta aspectos existentes de la Ley Jordana en Cisjordania, detalla por lo menos 17 ofensas que justifican la pena de muerte. Sin embargo, el Código Penal Revolucionario de la OLP lo lleva significativamente más lejos, subrayando no menos de 42 instancias que son castigadas con la pena de muerte.
De hecho, las sentencias de muerte son emitidas por las cortes militares, como lo estipula el Código Penal de la OLP, en oposición a una Corte Civil estandarizada, como lo establece la propia Constitución. Además, los Tribunales militares no funcionan en una estándar regular de debido proceso, con un gran número de situaciones acarreadas con una sentencia de pena de muerte obligatoria.

Se requiere al Presidente de la AP para la aprobación de todas las sentencias de pena de muerte, así como para revocarlas. Desde que el término de Abbas como presidente expiro en el 2009, se ha disputado sobre su legitimación para desempeñar esta función. Sin embargo, desde que comenzó a ejercer su cargo como presidente, ninguna sentencia de pena de muerte se ha decretado en Cisjordania. Una salvaguarda adicional fue introducida en el 2005, cuando Abbas decretó que cualquier sentencia de esta calidad emitida por las Cortes de Seguridad del Estado tendrían que ser continuadas por un juicio de segunda instancia. De todas formas, en la práctica, solo han existido 11 ocasiones donde este procedimiento ha sido efectivamente seguido.

 

De acuerdo con B’Tselem, entre 1995 y 2014, 71 Palestinos fueron sentenciados a muerte por la AP. De todas formas, en la práctica la pena de muerte no siempre fue sentenciada, y solamente 13 individuos fueron ejecutados. En algunas instancias, dichos convictos han evitado la ejecución escapando. Sin embargo, otros individuos simplemente desaparecieron sin aun haber noticias de ellos. Más preocupante aun es que algunos individuos sentenciados a la pena capital nunca recibieron su sentencia por haber sido asesinado en otra circunstancia. En total, ocho individuos sentenciados a muerte nunca tuvieron sus sentencias emitidas porque murieron durante su detención.

Adicionalmente a las instancias de aquellos sentenciados a muerte bajo fallecidos bajo la custodia de la AP previamente a la ejecución, ha habido un considerable número de muertes bajo las manos de la AP ante la ausencia de una sentencia de muerte, o de hecho, ninguna persecución válida, lo cual fue clasificado como homicidio extrajudicial esencial, una grave preocupación que representa el abuso flagrante de los DDHH. Durante el año 2013, las fuerzas de la AP asesinaron a dos individuos mientras despejaban manifestaciones: en Mayo, Khaleda Kawazbeh recibió un tiro y fue asesinado por un policía local de Se’ir cerca de Hebron, mientras que en Agosto de ese mismo año Amjad Odeh fue asesinado durante una manifestación en un campo de refugiados en. La AP abrió investigaciones en ambos casos, pero no ha logrado resolver nada públicamente.

En el reporte anual del 2014 emitido por el “Centro Palestino de DDHH” se registró a 15 palestinos de Cisjordania como asesinados por la AP. Estas muertes fueron el resultado tanto del uso de la fuerza extrema por las fuerzas de seguridad de la AP y el maltrato durante la detención, así como en casos relacionados con disputas familiares y casos de violencia doméstica y asesinatos por honor. En total, dos de estos individuos fueron asesinados durante operaciones llevadas a cabo por servicios de seguridad, y uno murió retenido bajo detención de la AP. Hubo también diez registros de individuos perecidos por el uso de armas de fuego en disputas familiares, en adición a ejemplos de violencia doméstica y asesinatos honoríficos perpetrados contra mujeres.

La muerte de palestinos durante su detención en prisiones de la AP no es nada fuera de lo común, y esto es un fenómeno preocupante que ha continuado a lo largo de los últimos años. Para el 2012, la “Comisión Independiente de los Derechos Humanos” (Independent Commission on Human Rights) registró la muerte de dos individuos palestinos que habían sido detenidos en prisiones de la AP. Individuos han fallecido bajo custodia de la AP por cuenta de severo maltrato así como negligencia, así como el resultado de extremas formas de tortura que han causado lesiones que ponen en riesgo su vida. Esto subraya la prevalencia de los incidentes de tortura acaecidos en los centros de detención de la AP. De hecho, la Comisión Independiente de los DDHH documentó 186 incidentes de tortura y maltrato a detenidos en prisiones Cisjordanas durante el 2015. Mientras que en la mayoría de estos casos la tortura empleada no ha tenido como resultado la pérdida de la vida, estos actos representan claras faltas a los Tratados Internacionales en materia de DDHH, y han tenido como consecuencia lesiones de largo plazo para las victimas. En un incidente particularmente grave sucedido en el 2013, las fuerzas de seguridad de la AP en Hebron arrestaron a Mohamed Abdel Karim Dar y subsecuentemente lo sometieron a distintas formas de tortura, causando un impedimento permanente para hablar.

A pesar de los llamados internacionales, la AP ha ignorado las investigaciones demandadas con respecto a ejemplos de tortura llevadas a cabo en sus prisiones y centros de detención. En Septiembre de 2012, dos hombres acusados de estar vinculados con Hamas fueron detenidos y expuestos a altos grados de tortura por parte de las fuerzas de seguridad de la AP. La Guardia de los DDHH reportó que Ahmed Salhab fue arrestado y detenido en Hebron antes de ser transferido al hospital el 16 de Octubre en un estado de desorden mental y tras haber sufrido daños graves en la columna. Un segundo hombre, esta vez en Jericho, fue arrestado el mismo mes por el Servicio de Seguridad Preventivo de la AP y mantenido en detención, donde fue torturado por un periodo de diez días. Es menester resaltar el hecho de que ambos fueron arrestos arbitrarios, y que en ninguno de ellos se exhibieron las órdenes de aprehensión necesarias. En ese entonces, la Guardia de los DDHH llamó a la AP para investigar estos dos casos y descubrió que en los primeros diez meses del 2010 solamente, hubo cientos de denuncias de tortura en prisiones de la AP. De hecho, la Guardia de los DDHH ha declarado además que no se ha condenado nunca a las personas involucradas en la práctica de la tortura en las cárceles de la AP, permitiendo a los involucrados en estos casos de abuso sistematizado a permanecer impunes.

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Abuso de Libertades Civiles y Derechos Políticos
Ante la ausencia de una gobernabilidad democrática, el Presidente Abbas y su dominante Fatah ha incrementado las persecuciones autoritaristas y represión para mantener su poder. Esto ha implicado apuntar a oponentes políticos y a aquellos quienes públicamente han expresando opiniones disidentes que podrían verse como un intento de socavar la posición de la AP. En el periodo que corre desde la expiración del mandato de gobierno del Presidente Abbas, ha sido posible observar indicadores de que la severidad de las represiones se han visto intensificadas en un aparente esfuerzo para evitar la agitación de cualquier actividad de oposición sustancial o popular. Fatah ciertamente tiene razones para temer que podrían ser expulsados en el tipo de golpe violento que vio Hamas derrocar a Fatah en Gaza en 2007. De hecho, como la Freedom House ha declarado, desde la violenta separación de Fatah y Hamas en 2007, la AP ha cerrado una serie de organizaciones civiles y no gubernamentales, señalado a aquellas quienes critican a Abbas y al Fatah, así como aquellas asociadas con grupos de oposición tales como Hamas.

De hecho, como ha señalado Freedom House, desde la violenta división entre Fatah y Hamas en 2007, la Autoridad Palestina ha cerrado a varias organizaciones civiles y no gubernamentales, dirigidas a los críticos de Abbas y Fatah, así como a los grupos de oposición como Hamas.

Igualmente, desde los eventos de la “Primavera Árabe”, Abbas debe también temer que su mandato pueda llegar a su fin por un levantamiento popular o violento, como al que barrió a gobernantes dictatoriales como Hosni Mubarak del poder. El alcance de la represión de la AP parece haberse vuelto particularmente severo durante los años de las revueltas árabes en otras partes de Oriente Medio, y la asfixia de la AP de muchos aspectos de la sociedad civil palestina puede entenderse a la luz de esto. La Comisión Independiente para los DDHH documentó en el 2014 como un año particularmente malo para los DDHH en las áreas palestinas. Clasificando ese año como uno de los peores en cuestión de abuso a los DDHH bajo la AP, el jefe de la comisión, Ahmad Harb, describió como dichas violaciones habían “incrementado en volumen” durante los últimos cuatro años. En la línea de esta tendencia, el 2015 vio a la AP y a sus fuerzas de seguridad cometer numerosas trasgresiones de derechos dentro de una amplia gama de libertades civiles y áreas de derechos humanos.

En el 2005 se llevaron a cabo elecciones presidenciales para la AP, así como para el consejo legislativo en 2006. El término legal de la presidencia de Abbas expiró en el 2009, y las elecciones para el Consejo Legislativo Palestino están igualmente atrasadas.

Esto en sí mismo representa una violación importante de los derechos y libertades fundamentales de la población, y durante este período Abbas y su facción Fatah han administrado la AP por lo que es efectivamente una regla dictatorial de fiat. En estas circunstancias, la Autoridad Palestina ha cometido una multitud de abusos contra los derechos humanos y abusos contra las libertades civiles.

La represión rutinaria y sistemática empleada por la AP ha incluido tanto el arresto arbitrario, como la detención sin cargo alguno o incluso juicio, previniendo el derecho de audiencia publico a través de la disrupción violenta de la protesta no violenta y la supresión de otras formas básicas de libre expresión. Hay algunas preocupaciones graves sobre el procedimiento judicial. El poder judicial palestino carece de autonomía, y juzga de acuerdo a lo que señala la AP. Para el 2015, el “Supervisor de los DDHH para Europa y el Mediterráneo” (Euro-Mediterranean Human Rights Monitor) reportó el registro de 1,274 detenciones arbitrarias por las fuerzas de seguridad palestinas. Adicionalmente, los palestinos se han quejado de una falla generalizada para garantizar adecuadamente otros derechos básicos relacionados al debido proceso. Exactamente, 179 individuos que han sido detenidos se han quejado de no haber visto una orden de aprehensión; otros han registrado que su propiedad ha sido incautada o confiscada, y ha habido numerosas demandas contra las autoridades, alegando que las autoridades permanecen reteniendo a los individuos aun después de que los tribunales ordenen su puesta en libertad.

A raíz de la violenta rivalidad política que estalló entre Hamas y Fatah en Gaza tras las elecciones legislativas palestinas, Abbas impuso una serie de medidas de emergencia y precaución que tenían por objeto agredir a los grupos de oposición, con los miembros del Hamas como principales objetivos de estas medidas. En contravención a los principios básicos de la ley Palestina, dichas medidas evitan que se puedan llevar a cabo asambleas pacíficas, e incluso se ha extendido a reuniones privadas. Específicamente, en Junio de 2007, el Presidente Abbas utilizó la creciente violencia entre Hamas y Fatah para emitir decretos de emergencia que significativamente mejoró el poder de la AP para oprimir a sus oponentes políticos. Violando varios de los derechos y libertades establecidos en la legislación básica Palestina, dicho decreto de emergencia permitió al Ministro de Interior revocar cualquier tipo de permiso emitido previamente a grupos y organizaciones y ordenando la disolución de aquellos que la autoridad considerase adecuado. Las leyes de emergencia requieren también que todas las organizaciones existentes vuelvan a requerir el registro de sus permisos, y se han enfrentado a su disolución si no lo realizaban en el plazo de una semana. Estas leyes de emergencia contravienen Tratados Internacionales de Derechos Humanos que intentan proteger la libertad de asociación de los individuos, en organizaciones no gubernamentales.

De este punto hacia delante, la AP dirigida por el Fatah ha utilizado su Servicio General de Inteligencia, su Servicio de Seguridad Preventiva y su Servicio de Inteligencia Militar para arrestar arbitrariamente individuos asociados con grupos Islamistas como Hamas y Hizb-ut Tahrir, los que después fueron sujetos de tortura y maltrato durante su detención. Igualmente, ha habido instancias de dichos individuos siendo detenidos por largos periodos sin un juicio. Aunque el Fatah y Hamas firmaron el Tratado al-Shati en Abril del 2014, donde se establece oficialmente una unidad de gobierno en Palestina y supuestamente reconcilia las dos facciones palestinas, los arrestos políticos a quienes apoyan al Hamas continúan. Dichos arrestos carecieron un juicio justo, interrogaciones excesivas y en algunos casos, tortura.

La expiración del término presidencial de Abbas en Enero del 2009 y de la subsecuente imposibilidad de la AP para celebrar elecciones viola los derechos de la “ONG Freedom House”, Rebajando el puntaje de libertad de la Autoridad Palestina de 5 a 6. Esta evaluación también tuvo en cuenta una nueva medida autoritaria de la Autoridad Palestina para emitir un decreto que permitiera la retirada de gobernadores electos en Cisjordania. Esto y la falta de una legislatura democrática en funcionamiento, representaron una mayor degradación de la situación de los derechos humanos en Cisjordania. Sobre todo, en el reporte emitido en el 2010 por la “Freedom House” se calificó a la AP de ser “No Libre”. Descendió la calificación del área bajo el control de la AP de 6 a 7, siendo esta la menor calificación posible. En el mismo reporte, la sociedad Palestina también recibió 6 de 7 para gozar de libertades civiles, y el mismo puntaje respecto a sus derechos políticos. Todo esto señala que los palestinos viviendo dentro de estas zonas sufren algunos de los mayores niveles de opresión y carecen varios de los derechos y libertades básicos consagrados en las normas nacionales e internacionales. Ese mismo año, en Septiembre de 2010, las organizaciones de derechos para los palestinos solicitaron a los EEUU reconsiderar una relación de apoyo para la AP, a cuenta del registro de DDHH de la AP.

A lo largo del 2011 y 2012, la situación de los DDHH bajo la AP continuó empeorando en lo que pudo haber sido una represión dirigida a asegurar que la disidencia asociada con la “Primavera Árabe” y que no se extendió en Cisjordania. En 2012, la condición de los DDHH bajo el mandato de la AP fue notablemente deteriorada. La Guardia de los DDHH observó que entre Enero y Octubre de ese año, hubo 142 demandas de abuso a los DDHH, en oposición a 112 demandas en 2011. Las más comunes fueron instancias de arrestos arbitrarios y el uso de tortura contra los detenidos, perpetrada por las fuerzas de seguridad de la AP y primeramente señalada a quienes apoyan a Hamas en Cisjordania. Adicionalmente la Comisión Independiente para los DDHH documentó más de 1,000 arrestos arbitrarios en Cisjordania en el 2012.

Mientras que la amenaza percibida para el gobierno del presidente Abbas puede no ser ahora tan inmediata como lo fue en el apogeo de la “primavera árabe” Amnistía Internacional observó que las detenciones arbitrarias continuaron en 2014 y 2015. Estos particularmente dirigidos a críticos de la Autoridad Palestina, así como los partidarios de organizaciones que rivalizan con Fatah. Esto se ha extendido a restricciones más amplias y de mayor alcance a la libertad de expresión. Entre diciembre de 2014 y enero de 2015, la Autoridad Palestina había detenido a unos 25 estudiantes simplemente por criticar a los dirigentes de la Autoridad Palestina o por expresar opiniones favorables a Hamas.

El Grupo Palestino de Vigilancia de los Derechos Humanos observa que actualmente hay cientos de detenidos administrativos en las cárceles de la Autoridad Palestina, y los detenidos por razones políticas suelen ser sometidos a torturas. Muchos de los casos recientes de arresto arbitrario han implicado que la Autoridad Palestina se resiste a sus rivales en Hamas. Sin embargo, estos arrestos también han sido utilizados para atacar a los opositores de Fatah en la sociedad civil Palestina, con periodistas, figuras religiosas y académicos víctimas de tales detenciones ilegales.

Hay numerosos casos de palestinos que han sido intimidados, e incluso procesados, simplemente por haber criticado o insultado al presidente Abbas. En enero de 2016, el Profesor Abdul Sattar Qassem de la Universidad de An-Najah en Nablus fue arrestado y detenido durante tres días por cargos de incitación contra Abbas tras las declaraciones que hizo durante una entrevista televisiva. Al ser un crítico público del Presidente Abbas, el Profesor Qasse, ha sido detenido y arrestado repetidamente por las autoridades palestinas. De hecho, en años recientes Qassem ha sido detenido y arrestado por realizar al menos tres críticas públicas tanto al presidente como a otros tres mandatarios importantes de Fatah.
Muy a menudo, los delitos relacionados con la libre expresión simplemente han consistido en la creación de una publicación crítica en las redes sociales. Por ejemplo, en Febrero de 2013, Anas Saad Awad fue sentenciado a un año en prison por publicar una fotografía del Presidente Abbas como futbolista. También, el reportero palestino Mahmoud Hamamreh fue sentenciado a un año de prisión por insultar a Abbas en Facebook. En Diciembre de ese mismo año, un empresario de origen Palestino fue detenido y arrestado durante nueve horas después de solicitar a Abbas que renuncie a la presidencia. Durante el año 2014, se registraron al menos cinco casos de palestinos arrestados por comentarios hechos en medios sociales.

En el 2015, el Consejo Internacional para los DDHH registró 41 casos de arrestos, acosos o intimidaciones a individuos cometidos por autoridades, en relación a temas de libertad de expresión. A lo largo de ese año, hubo por lo menos ocho casos distintos de autoridades penalizando palestinos por opiniones que habían expresado en redes sociales. En agosto, a un individuo de 32 años de edad le fue embargado su caballo y fue privado de su propiedad por fuerzas de seguridad actuando sin una orden. El fue subsecuentemente detenido, al parecer por críticas al gabinete de la AP realizados en Facebook. En septiembre, un hombre de 28 años de edad aparentemente detenido por nueve días, mientras que un hombre de 23 años fue detenido por 10 días, ambos por realizar críticas en redes sociales. Asimismo, en Diciembre de 2015 las autoridades arrestaron a un niño de 12 años de edad por publicaciones realizadas en redes sociales, mientras que un hombre de 36 años tuvo su casa inspeccionada y fue detenido por 16 días a cuenta de unos comentarios realizados en Facebook.

Aunque un gran numero de ONGs de DDHH operan en áreas controladas por la AP, aquellos que critican a la autoridad han sido prevenidos de actuar libremente. Esta amplia obstaculización de las actividades de estos grupos parece ser parte de un esfuerzo sistemático por parte de la Autoridad Palestina para frustrar las actividades de vigilancia de los derechos humanos dentro de la AP.

Existen cuestiones importantes de preocupación en relación con los abusos contra el derecho a la libertad de reunión en la AP. Según la ley palestina, las autoridades deben ser notificadas de antemano por aquellos que desean ejercer el derecho de celebrar una reunión pública. Sin embargo, oficialmente, los que lo hacen no tienen que ser concedidos permiso de la Autoridad Palestina para seguir adelante con la reunión.
Sin embargo, Amnistía Internacional ha expresado anteriormente su preocupación por la violación del derecho básico de los palestinos a ejercer la libertad de reunión. De acuerdo con la ley de la AP, el Decreto Presidencial No. 3 de 1998 permite a la policía dispersar reuniones públicas si se considera que han violado una serie de estipulaciones, incluso si se considera que la manifestación ha transgredido su meta inicialmente declarada, o si la asamblea se cree para amenazar la “unidad nacional” o la posición de la AP con otros gobiernos.

En agosto de 2010, la policía de la AP atacó violentamente a los manifestantes que protestaban por la renovación de las conversaciones de paz entre Israel y la Autoridad Palestina, durante la cual fueron agredidos tanto los observadores de grupos de derechos humanos como los periodistas. En 2011, los manifestantes que se solidarizaron con las protestas de la plaza Tahrir en El Cairo fueron atacados por las fuerzas de seguridad de la AP y varios de los que asistieron a la manifestación fueron hospitalizados. Entre julio y agosto de 2013, se documentaron cuatro incidentes en los que las fuerzas de la AP utilizaron una fuerza excesiva para atacar a los que participaban en protestas no violentas.

En 2012, la agencia de formación de seguridad de la Unión Europea expresó su preocupación por el uso de fuerza excesiva por parte de la policía palestina contra manifestantes. Durante un período de dos días en junio de 2012, la policía palestina estuvo involucrada en la dispersión violenta de manifestantes en Ramallah que expresaban su oposición a las negociaciones renovadas con Israel. El Centro Palestino para los Derechos Humanos registró que el jefe de la policía de Ramallah, al-Bireh, el coronel Abdul Latif Qaddoumi y su ayudante, Mohammed Abu Bakr, utilizaron excesivamente la fuerza contra los implicados en las protestas.

En general, sin embargo, ha habido poca presión internacional en este frente, y ninguna señal de reforma o mejora. En julio de 2013, la policía de la AP estuvo involucrada en enfrentamientos violentos con manifestantes que protestaban en Ramallah contra el regreso a las negociaciones con Israel. El grupo de derechos de los presos Addameer se quejó de que la policía había sido responsable de lastimar a decenas de manifestantes y afirmó que posteriormente habían llevado a cabo arrestos de manifestantes heridos mientras estaban siendo tratados en el hospital. La cultura de interrumpir el derecho a la libertad de asamblea y protesta política sólo ha continuado en la AP. A lo largo de 2015, las fuerzas de seguridad palestinas interrumpieron e impidieron el derecho a protestas y reuniones no violentas en 14 ocasiones distintas.

Con respecto a todos estos abusos, cabe señalar que el derecho palestino no contiene disposiciones específicas o efectivas para que las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina se den cuenta de las violaciones que pudieran cometer. Esto ha permitido a los miembros de las fuerzas de la AP actuar libremente sin temor a la repercusión cuando cometen abusos tales como violar el derecho de reunión pacífica, realizar arrestos arbitrarios y actos de maltrato y tortura de los detenidos.

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Reducción a la Libertad de Prensa
La represión de la libertad de expresión por parte de la AP, y particularmente de los medios de comunicación, es un aspecto central de la represión de la autoridad contra la disidencia en Cisjordania. Estas políticas también representan un grave abuso de los derechos humanos de la población palestina.

En 2016, de 180 estados, la AP fue clasificada en la posición 132 por “Reporteros sin Barreras” (Reporters without Borders) en atención a su pobre nivel de libertad de prensa.

Las restricciones significativas impiden que los medios de comunicación en el PA funcionen libremente. Las leyes de prensa de 1995 permiten el cierre de periódicos y editoriales, así como la condena y encarcelamiento de reporteros y escritores si sus actividades son consideradas perjudiciales para la unidad nacional palestina.

Igualmente, los grupos de medios de la AP son presionados, amenazados y manipulados rutinariamente para proporcionar una cobertura favorable de Abbas y Fatah.

Un informe de Freedom House de 2011 sobre la libertad de prensa en la Autoridad Palestina ilustró una imagen particularmente condenatoria. Freedom House otorgó un estatus general de “No Libre” al evaluar la condición de la libertad de prensa bajo la AP, otorgándole una puntuación de libertad de 83 sobre 100, con 100 representando el peor nivel de libertad de prensa. En cuanto a la libertad bajo el entorno legal existente mantenido por la Autoridad Palestina, Freedom House otorgó una puntuación de 28 de 30, con 30 que representan la peor puntuación posible. En el mismo informe, la libertad en el ambiente político palestino recibió una puntuación de 33, siendo 40 la peor puntuación y 22 para las condiciones en el entorno económico, siendo 30 la peor puntuación. Del mismo modo, el Centro Palestino para el Desarrollo y las Libertades de los Medios llevó a cabo investigaciones que afirmaron que el 80% de los palestinos se sienten obligados a autocensurar. Además, el 68% de los periodistas palestinos dijo que su trabajo ha sido censurado para ser publicado por los editores.

Oficialmente, la ley de la PA garantiza la libertad de prensa, con disposiciones que permitan el libre establecimiento de los medios de comunicación, así como para proteger a los medios de comunicación sin censura. Sin embargo, la ley palestina también permite ciertas restricciones a la prensa si se considera necesario proteger la “unidad nacional” o si se cree que el material va en contra de los “valores palestinos”. Con estas leyes, el Ministerio de Información de la Autoridad Palestina mantiene el control estricto de las licencias concedidas a los organismos de radiodifusión en la Ribera Occidental. Además, la Autoridad Palestina financia y controla directamente la Corporación Palestina de Radiodifusión. Esto proporciona a las autoridades una salida adicional a través de la cual manipular y dar forma al discurso público.

Como parte de la represión general de Hamas en la Ribera Occidental, las fuerzas de seguridad de la AP también intimidan y hostigan a periodistas asociados con Hamas y medios de comunicación simpatizantes de Hamas. Esto ha incluido el hostigamiento de periodistas afiliados a periódicos pro-Hamas como Felesteen y Al-Resaleh. Del mismo modo, las fuerzas de seguridad han utilizado esa intimidación contra periodistas vinculados a la estación de televisión Hamas, Al-Aqsa. La estación fue proscrita en Cisjordania en 2007 y la Autoridad Palestina cerró las oficinas de la estación en Ramallah, Jenin y Tulkarm. Además, en 2010, un tribunal palestino emitió una sentencia de 18 meses de cárcel a Tariq Abu Zaid, periodista de Al-Aqsa, acusado de haber “socavado la autoridad de la Autoridad Palestina”. Ese mismo año, Amer Abu Arfa, de la agencia de noticias Shihab, recibió una pena de tres meses de prisión, alegando que había “resistido a las autoridades” a través de informes que se consideraba que apoyaban a Hamas.

El Servicio de Inteligencia General Palestino (SIGP) ha intentado constantemente presionar a los periodistas para que sigan una línea dictada por la Autoridad Palestina. En septiembre de 2010, el SIGP en Hebrón trató de amenazar a Lama Khater para que modificara sus escritos. Cuando esto fracasó, arrestaron a su marido en un esfuerzo para ejercer una presión adicional sobre ella. El mes siguiente, el PGIS llevó al blogger de Qalqilya Walid al-Husayin a la detención debido a las opiniones religiosas que había expresado en línea, y lo mantuvo durante noviembre y diciembre sin juicio ni cargos. El corresponsal de la voz de Al-Aqsa, Samir Rushdi Rashid, fue arrestado y detenido por el SIGP en Hebrón en mayo y diciembre en relación con la naturaleza de su trabajo periodístico.

Como ha sostenido el periodista palestino Khaled Abu Toameh, los abusos de los derechos humanos cometidos por la Autoridad Palestina a menudo no se informan, en parte porque los periodistas son intimidados y posteriormente bajo presión para evitar ser críticos con la Autoridad Palestina. En marzo de 2010, los periodistas que trataron de cubrir las manifestaciones en Belén fueron violentamente atacados por la policía de la AP y se les impidió informar sobre las protestas; Fotógrafos de Reuters, Ma’an y Associated Press fueron sometidos a excesiva fuerza por los servicios de seguridad de la AP.

En marzo de 2012, el periodista palestino Yusuf al-Shayeb fue detenido sin cargos por las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina. En lo que parecía ser una represalia por su destacado de la corrupción de AP, alShayeb fue procesado bajo la ley jordana preexistente que prohíbe la calumnia de funcionarios jordanos. En agosto de 2013, las fuerzas de la AP en Ramallah interrumpieron a los periodistas que trataban de cubrir un rally que las autoridades habían afirmado que había sido organizado por Hamas. Los periodistas fueron agredidos y su equipo fue incautado, mientras que un periodista de Al-Quds TV informó que había sido detenido y acosado por los agentes de seguridad. Durante septiembre de 2014, tanto el director del Club de Medios de la Universidad de Birzeit, Bara ‘Al-Qadi, como el productor de televisión palestino Mujahed Al-Sa’di, fueron arrestados por hacer comentarios críticos sobre Fatah y la AP sobre las redes sociales.

El año 2015 vio una continuación de la tendencia de los periodistas a ser acosados e intimidados por las autoridades. “El Supervisor Euro-mediterráneo de los Derechos Humanos” (Euro-Mediterranean Human Rights Monitor,) registró 35 casos de periodistas detenidos arbitrariamente en Cisjordania en 2015. Por ejemplo, en enero de ese año, el periodista palestino al-Amleh fue arrestado por hacer comentarios críticos contra Fatah. Según la Comisión Internacional de Derechos Humanos, en 2015 había 41 casos de palestinos arrestados o hostigados por las autoridades en asuntos relacionados con la libertad de expresión, la mayoría de los cuales se referían a periodistas y medios de comunicación.

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Incitación
La Autoridad Palestina no sólo ha buscado censurar sistemáticamente a la prensa, sino que también ha utilizado medios estatales como medio para promover la propia propaganda de Fatah en toda la población palestina. La AP ha utilizado durante mucho tiempo su posición de poder e influencia para promover puntos de vista extremistas entre el público en general. De particular preocupación es la forma en que los líderes de la Autoridad Palestina – así como los medios de comunicación de la Autoridad Palestina- han sido utilizados con fines de incitación.

La política de incitación representa un abuso de poder muy real y, como ha sido particularmente evidente en los últimos meses, ha tenido un efecto perjudicial sobre el bienestar y la seguridad de la población civil que vive bajo la AP. Incitar a los palestinos a la violencia no sólo causa un grave riesgo de daño a los civiles israelíes, sino que también pone a la población palestina directamente en peligro. Al alentar el malestar, las principales figuras de la AP han contribuido a un deterioro de la situación de seguridad, así como a la clase de peligrosa inestabilidad que pone en peligro la seguridad y el bienestar general de la población palestina.

Desde principios de septiembre de 2015, a partir de los enfrentamientos en la mezquita de Al Aqsa en la “Ciudad Vieja” de Jerusalén y en lo que se conoce como antiguo lugar sagrado judío, el Monte del Templo, el conflicto se extendió a Jerusalén Este, Israel. La raíz del caos que ha envuelto la región ha sido en gran parte incitación de la AP, basada en la falsa afirmación de que Israel está amenazando con destruir la mezquita de Al Aqsa en el Monte del Templo. Cada facción palestina está incitando a su gente a la violencia. Como resultado, ha habido cientos de ataques contra israelíes en los últimos meses, consistentes en la mayoría de las puñaladas, tiroteos, bombardeos de coches, ataques de roca y bombas incendiarias. Entre el estallido de la violencia en septiembre de 2015 y marzo de 2016, 34 personas han muerto en estos ataques y otros 411 han resultado heridos. De éstos, unos 211 consistieron en puñaladas y intentos de puñaladas, 83 en tiroteos y 42 en atentados contra automóviles.

El papel de la Autoridad Palestina en fomentar esta violencia ha sido abierto y sin vigilancia. Al comienzo de esta ola de violencia, el presidente palestino Mahmood Abbas dijo: “La mezquita de Al-Aqsa es nuestra … y no tienen derecho a contaminarla con sus pies sucios. […] Bendecimos cada gota de sangre derramada por Jerusalén, que es sangre limpia y pura, sangre derramada por Alá, si Alá quiere “. Desde el inicio de la violencia, también hemos visto una ciudad palestina en el distrito de Ramallah, una calle central entre Ramallah y Birzeit después de Muhannad al-Halabi, que apuñaló a dos israelíes a muerte en Jerusalén.

Otros, como Jibril Rajoub, miembro del Comité Central de Fatah, han alabado específicamente a los terroristas que llevan a cabo estos ataques. Declaró el 17 de octubre de 2015, en la televisión oficial PA, “Estos son actos individuales de heroísmo, y estoy orgulloso de ellos y felicito a todos los que los llevaron a cabo”. De igual manera, el asesor del presidente Abbas, Sultán Abu el-Einein, glorifica al asesino del ataque a la estación de autobuses BeerSheba: “O Muhannad , Te amamos por dar vida a cada palestino … Muhannad recibe la Medalla de Honor como un mártir, su nombre grabado en el pecho de cada palestino “.

Las Brigadas Abdel Qader al-Husseini, un grupo afiliado a las Brigadas de Mártires de al-Aqsa de Fatah, declararon: “Con la ayuda de Alá y de acuerdo con nuestro derecho a la resistencia y nuestro deber a la jihad sagrada, En el que dispararon sobre un automóvil de colonos ocupantes que dejaron el asentamiento de Itamar “.

Los medios sociales se han convertido en un catalizador para los terroristas, sus simpatizantes y los que incitan a la violencia. Varios hashtags en Twitter se han convertido en un refugio de propaganda, como #JerusalemIntifada, #Intifada, #IntifadaAlQuds, #AlQuds, #ThirdIntifada, #SaveAlAqsa, # 3rdIntifada e innumerables más. Las páginas oficiales de Twitter de Fatah y Hamas están llenas de glorificación del terror y la llamada a armas y cuchillos.

En septiembre de 2015, el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, dijo a Abbas que estaba “preocupado” por su incitación a Al Aqsa. En octubre, la administración Obama emitió una fuerte condena de la incitación a la AP. Posteriormente, el 11 de noviembre de 2015, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por unanimidad la resolución bipartidista 293, condenando la incitación a la Autoridad Palestina. La resolución apoya específicamente a individuos y organizaciones que trabajan para alentar la cooperación entre israelíes y palestinos. Condena los últimos actos de violencia en la región y pide a la Autoridad Palestina que:
1) suspendan la incitación a la violencia en todos los medios de comunicación controlados por la AP y repudiar públicamente los ataques contra israelíes;
2) continúen la cooperación en materia de seguridad con Israel;
3) renueven las conversaciones directas con los israelíes, incluida la reconstitución de la Comisión Trilateral de Incitación.
La Resolución 293 también alienta a las naciones responsables a condenar la incitación a la violencia de la AP. El Departamento de Estado está encargado de supervisar y publicar información sobre toda la incitación oficial de la Autoridad Palestina contra judíos e Israel y pide a la Administración que continúe repudiando públicamente y plantee la cuestión de la incitación a la violencia palestina en todos los foros bilaterales e internacionales apropiados.

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Derechos de la mujer y los derechos de los homosexuales bajo la Autoridad Palestina
La condición de los derechos de las mujeres en la AP es particularmente pobre. La ley palestina discrimina a las mujeres en materia de herencia, lo que significa que las mujeres pueden ser impedidas de heredar tanto como sus homólogos masculinos. La ley palestina permite el matrimonio de niñas menores de edad, lo que ha llevado a que alrededor de la mitad de las mujeres palestinas estén casadas antes de los 18 años. De hecho, los derechos de la ONG Freedom House ha señalado que las mujeres palestinas están notablemente subrepresentadas en la mayoría de las profesiones y enfrentan discriminación en el lugar de trabajo. Además, la legislación palestina pone a las mujeres en situación de desventaja jurídica en lo que se refiere a la condición de herencia, matrimonio y divorcio.

Los abusos domésticos y sexuales, e incluso los homicidios por el honor, siguen siendo un problema que enfrentan las mujeres en la sociedad palestina, y esto se ve agravado por el hecho de que estos crímenes permanecen rutinariamente impunes. Estas muertes son llevadas a cabo en privado por individuos, no por el gobierno, pero la ley palestina permite a aquellos que cometen crímenes de honor eludir la justicia proporcionándoles la cuasi-impunidad. Sin embargo, las mujeres han estado al menos representadas en el cuerpo directivo de la AP, incluyendo algunas que han ocupado cargos ministeriales.

Si bien las mujeres palestinas sufren un grave grado de abuso doméstico y sexual y de hostigamiento, los responsables raramente son perseguidos por los tribunales; Más bien, estos asuntos suelen ser tratados con líderes tribales y de aldeas, o con gobernadores locales nombrados por la propia AP. Dado que las autoridades no abordan esta cuestión con seriedad, no hay cifras totalmente confiables sobre el número de casos de violencia doméstica y asesinatos por motivos de honor en la sociedad palestina. Según una estimación, entre enero y noviembre de 2014 hubo al menos 17 casos registrados de asesinatos de honor entre palestinos. Ha habido un fracaso sistemático para procesar estos crímenes. Mientras tanto, Amnistía Internacional ha documentado 11 casos de mujeres palestinas víctimas de asesinatos de honor en 2014, tanto en Cisjordania como en Gaza, con Amnistía acusando a las autoridades de no proteger adecuadamente a las mujeres de la violencia basada en género y de no procesar a los responsables.

La percepción de la magnitud del problema de la violencia doméstica en la Autoridad Palestina puede obtenerse considerando las actitudes populares sobre ese tema. Una encuesta realizada por AWRAD en 2008 encontró que el 22% de la población palestina apoya el derecho de un marido a golpear a su esposa, si cree que es necesario. Con tal violencia doméstica no prohibida por ninguna cláusula específica en la ley palestina, las mujeres a menudo deciden no denunciar amenazas contra ellos. Además, al no existir leyes que ofrezcan protección a las mujeres, los tribunales suelen estar al lado del acusado y no de la víctima, lo que significa que los infractores a menudo reciben impunidad o reducen las penas.

En casos de abusos violentos contra las mujeres, la Autoridad Palestina exige que las víctimas presenten informes de sus empleadores para demostrar que no pueden trabajar debido a sus lesiones. Como tal, los informes deben ser presentados por los empleadores para probar la incapacidad de las víctimas para trabajar. Sin embargo, muchas mujeres palestinas trabajan en casa o como parte de un negocio familiar y por lo tanto se les restringe de presentar una queja de victimización física.

En general, la sociedad palestina mira hacia abajo a las mujeres divorciadas. Como tal, las mujeres divorciadas en la Autoridad Palestina son a menudo en desventaja cuando se trata de cuestiones tan básicas como encontrar y alquilar la propiedad. Abu Taima, coordinadora de la unidad de género en el Centro de Desarrollo de los Medios de la Universidad de Birzeit, informó a Al-Monitor que, como mujer divorciada, se enfrentaba regularmente a la discriminación de los propietarios cuando buscaban alojamiento alquilado.

Las mujeres divorciadas que viven en la Autoridad Palestina también se han quejado de que a menudo se les instruye que muestren sus tarjetas de identificación cuando viajen, realicen negocios o paguen facturas. Como tal, las mujeres palestinas divorciadas han sufrido acoso, interrogatorio e interrogatorio sobre la razón de su divorcio.

Los procedimientos de divorcio desiguales que afectan a las mujeres palestinas incluyen permitir a un esposo divorciarse unilateralmente de su esposa sin certificación judicial simplemente realizando una práctica conocida como Talaq, por la cual un hombre sólo tiene que declarar “me divorcio” tres veces. Sin embargo, según la legislación jordana, una mujer sólo puede divorciarse si puede establecer un daño basado en una serie de motivos estrictamente autorizados.

demás, la Autoridad Palestina no concede iguales derechos de ciudadanía a las mujeres. Por ejemplo, sólo los hombres, no las mujeres, pueden transmitir su nacionalidad a sus cónyuges o hijos. Además, una mujer pierde su nacionalidad si se casa con un no palestino, a menos que presente una solicitud por escrito al ministro del Interior dentro de un año de su matrimonio.

Además de no proteger los derechos de las mujeres en el ámbito doméstico, las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina son acusadas de atacar específicamente a las mujeres. A veces, los miembros de las fuerzas de seguridad vestidos de civil se usan para infiltrar y disolver manifestaciones hostiles al presidente Abbas, y se ha afirmado que estos miembros de la policía de la Autoridad Palestina han sido responsables de apuntar y señalar a las mujeres que protestan y de “intimidarlas” Formas específicas de género “.

Respecto a los derechos de los homosexuales en las áreas gobernadas por la Autoridad Palestina, la situación sigue siendo grave. Aunque la Autoridad Palestina nunca ha introducido leyes que explícitamente criminalizan la homosexualidad, no hay disposiciones legales que garanticen los derechos o el bienestar de los palestinos homosexuales. Esto ha dejado a los homosexuales en la Autoridad Palestina frente a la discriminación generalizada y la persecución violenta de varios elementos profundamente perjudicados dentro de la sociedad palestina. Además de ser víctimas de amenazas, intimidaciones y agresiones físicas por parte de pandillas locales, los homosexuales palestinos han sido vulnerables al riesgo de asesinatos de honor perpetrados por sus propias familias en caso de que se descubra su homosexualidad.

No sólo las autoridades no han intervenido para proteger a estas personas o para enjuiciar a sus agresores, pero los testimonios también indican que a un nivel no oficial los servicios de seguridad palestinos han estado involucrados en la persecución sistemática de los homosexuales. En 2013, surgieron alegatos que afirmaron no sólo que la policía de la Autoridad Palestina ha estado registrando la identidad de los palestinos homosexuales, sino también que las autoridades han estado utilizando esta información para chantajear a individuos a trabajar para las fuerzas de seguridad como informantes. Sin embargo, ha habido incidentes mucho más graves de abusos de los derechos de los homosexuales por parte de las fuerzas de seguridad palestinas.

Particularmente en el momento de la Segunda Intifada (2000-2004), la policía de la Autoridad Palestina fue acusada de apuntar a los homosexuales alegando que estos individuos eran colaboradores de las fuerzas israelíes. Hablando en ese momento, el grupo de derechos LGBT Agudah declaró: “La persecución de los gays en la Autoridad Palestina no sólo proviene de las familias o de los grupos islámicos, sino de la propia AP. La excusa habitual de la Autoridad Palestina para perseguir a los homosexuales es llamarlos colaboradores, aunque conozco dos casos en los últimos tres años en los que las personas fueron procesadas explícitamente por ser homosexuales. De hecho, en 2002 Agudah hizo la afirmación de que la policía palestina estaba haciendo cumplir la ley islámica contra los homosexuales. Más recientemente, los palestinos homosexuales han seguido denunciando múltiples casos horrendos de la tortura e incluso el asesinato de homosexuales infligidos por las fuerzas de la AP.

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Conclusión
La Autoridad Palestina se ha dedicado desde hace tiempo a abusar a gran escala de los derechos básicos y las libertades civiles de la población bajo su jurisdicción. A pesar de esto, su liderazgo ha continuado siendo defendido en la escena mundial como moderados y como los legítimos representantes de los palestinos en la mesa de negociaciones. Independientemente de su grave y persistente déficit democrático, de la violencia y la tortura, de la amplia represión de los derechos fundamentales relacionados con la libertad de expresión y de la prevalencia de la incitación extremista, la Autoridad Palestina ha continuado siendo recompensada por la comunidad internacional. Esto ha incluido no sólo una asistencia financiera sustancial de los Estados Unidos y la Unión Europea, sino también niveles cada vez mayores de reconocimiento por parte de organismos internacionales como las Naciones Unidas.

Dado que los continuos abusos de la Autoridad Palestina contra su propio pueblo están contribuyendo a aumentar los niveles de alienación y fomentando la causa de los extremistas, existe un imperativo para fomentar un cambio en la política. En aras de reforzar la estabilidad y la seguridad y crear las condiciones para un proceso de paz productivo, es de vital importancia que las políticas perjudiciales que actualmente se están llevando a cabo en la AP se sometan a una profunda reforma.

Un mejor seguimiento de los abusos contra los derechos humanos cometidos en el marco de la AP, así como un mayor reconocimiento internacional de los efectos de las actividades represivas de la Autoridad Palestina, representaría un importante punto de partida para abordar este asunto urgente. Sin embargo, es importante que esta mejor comprensión genere la voluntad de provocar una verdadera presión sobre los líderes políticos palestinos para que busquen una reforma. Tanto el uso de la presión diplomática como la amenaza de retener la asistencia financiera deben ser considerados por los formuladores de políticas como una forma de incentivar a la Autoridad Palestina a comprometerse seriamente en abordar las cuestiones de derechos humanos y cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional.
El liderazgo de la Autoridad Palestina debe proporcionar un plan de acción integral que describa cómo se mejorarán los derechos humanos de la población bajo su jurisdicción, cómo abordará el cada vez más preocupante déficit democrático en el corazón de su gobierno y cómo terminará definitivamente su propia incitación -actividades relacionadas. Las consecuencias de no lograr tales reformas podrían ver un grave deterioro en Cisjordania. La represión en curso por parte de la Autoridad Palestina es probable que aleje aún más a la población en general, contribuyendo al tipo de escenario que podría impulsar un mayor apoyo a Hamas y fomentar el tipo de disturbios que en última instancia podría provocar el derrocamiento de la AP.

Asegurar las condiciones que serán más propicias para lograr la reconciliación entre Israel y los palestinos requerirá necesariamente el fomento de una mayor estabilidad. Una parte vital de esto incluirá asegurar que los palestinos puedan vivir bajo un gobierno legítimo y democrático que respetará el derecho internacional y respetará los derechos civiles fundamentales de la población.

Agradecimientos y autoría:
Bassem Eid
Original publicado por The Henry Jackson Society
Traducido al español por Mijal Eichner