ANPCisjordaniaConflictoEspañaEstado PalestinoFranja de GazaHamás

Las ONGs que se niegan a auxiliar a palestinos torturados

Un grupo de 52 árabes solicitaron ayuda a quince organizaciones de derechos humanos para costear evaluaciones médicas tras sentencia judicial que dictamina que fueron torturados por la Autoridad Palestina.

Trece de esas organizaciones han rechazado ofrecer su apoyo.

De las 15 ONGs, sólo Médicos por los Derechos Humanos y el Comité para la Prevención de la Tortura ofrecieron asistencia a los solicitantes. El resto se negaron formalmente a ayudar o, directamente, ignoraron las súplicas. La organización Yesh Din expresó su “enojo y dolor”, pero explicó que no pueden ayudar porque sólo “representan a víctimas de violaciones cuando son perjudicadas por las autoridades israelíes o ciudadanos israelíes”.

Otra ONG, Adalah, declaró que “sólo ayudan a los palestinos que denuncian al Estado de Israel“.

Amnistía Internacional dijo que su organización “no tiene las herramientas profesionales para atender las necesidades de estos refugiados”. Sorprende la afirmación, ya que sólo la filial de Amnistía Internacional en España obtuvo en 2016 más de 10 millones de euros de ingresos.

En agosto de 2017, el juez Moshe Drori del Tribunal de Distrito de Jerusalén dictaminó que la Autoridad Palestina es responsable de distintos delitos (asesinato, secuestro, encarcelamiento, o tortura) cometidos contra 52 árabes, tanto israelíes como ciudadanos bajo la Autoridad Palestina. El veredicto sobre estos casos, que se remonta a los años 1995-2002, describe que la tortura incluía descargas eléctricas, castración, suspensión del reo por las piernas con la cabeza hacia abajo, derramamiento de plástico hirviendo sobre el cuerpo de los prisioneros, extracción de dientes y uñas con tenazas, privación del sueño y alimentos, hasta la violación y asesinato a miembros de la familia de los presos.

Drori dictaminó que la Autoridad Palestina debe asumir las indemnizaciones reclamadas por las personas que habían sufrido las humillaciones y torturas. El fallo supuso una gran victoria para los demandantes, pero pronto quedó claro que, para que la Autoridad Palestina realizase la reparación económica, los demandantes tenían que proporcionar informes médicos de distintas áreas clínicas, una tarea muy costosa para los afectados.

Para ayudar a los demandantes, los abogados Barak Kedem y Aryeh Arbus escribieron a 15 organizaciones de derechos humanos que muestran siempre un entusiasmo inusitado en luchar contra la “ocupación” israelí, contra la demolición de viviendas pertenecientes a familias de terroristas, pero obtuvieron la callada por respuesta en casi todos los casos. Se da la circunstancia de que esas mismas organizaciones se benefician de ingentes fondos provenientes de organizaciones benéficas internacionales y gobiernos, entre ellos, el español.

Además de la antes comentadas, organizaciones como B’Tselem o “Rabinos por los Derechos Humanos” ignoraron las súplicas de los demandantes.

Curiosamente, Honenu, una organización jurídica asociada a causas del espectro conservador, si ha hecho llegar su compromiso de ayuda a los demandantes.

Original publicado en Jewish Press