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No hay matices para la discriminación

El día 25 de marzo de 2016 el pleno del Ayuntamiento de Catarroja adoptó un acuerdo por el que se sumó a la campaña de boicot, desinversiones y sanciones (BDS) contra Israel, se comprometió a colocar en la página en Internet del Ayuntamiento y en todas sus publicaciones un sello de “Espacio Libre de Apartheid Israelí”, empeñó su actividad de fomento administrativo con esa campaña política en contra de una nación extranjera con la que España mantiene una variedad de tratados internacionales, y anunció que promovería la introducción de condiciones particulares en la contratación municipal para asegurarse el respeto del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos.

Este acuerdo fue precedido de una intervención en el pleno en la que se afirmó que “Israel es un Estado genocida y terrorista que practica una limpieza étnica, mantiene un estado de apartheid en el que existen ciudadanos de primera y de segunda, realiza detenciones y ejecuciones extrajudiciales, masacra a niños, y ejerce un terrorismo de Estado”.
Este acuerdo, no publicado aún por el Ayuntamiento de Catarroja ni su contenido divulgado entre los vecinos, no menciona que por la adhesión en bloque a la campaña BDS sus efectos se extienden, por ejemplo, a los estudiantes que visiten universidades de Israel, a los académicos cuyos trabajos hayan sido revisados antes de ser publicados por otro académico israelí, a los artistas judíos que colaboren con artistas árabes en espectáculos que promuevan la idea de que la paz es posible, y a todos quienes -ya sean judíos o no judíos- sean siquiera percibidos como cómplices de Israel, algo para lo que la campaña de boicot sólo exige la simpatía hacia Israel, una opinión contraria, o a veces, la simple negativa a desvelarla. En estos casos y en muchos otros, personas que no son representantes oficiales de Israel, ni siquiera israelíes, pueden ser sometidos a un boicot de no menor intensidad que esta nación extranjera, siendo el único remedio que la campaña BDS les ofrece para evitarlo hacer una renuncia pública a sus opiniones, para abrazar los objetivos de esa campaña política.
La asociación “Acción y Comunicación sobre el Oriente Medio” (ACOM) ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de Valencia buscando respuesta a cuestiones legales directas: ¿Puede un Ayuntamiento sumarse a un boicot a un país extranjero? ¿Puede unirse a un boicot que se extiende a estudiantes, profesores universitarios y artistas, israelíes o valencianos, por tener un origen nacional o una opinión que no coincide con la de la campaña de boicot? ¿Puede el Ayuntamiento incluir en sus publicaciones y en su página web un sello que declara a la ciudad como “Espacio Libre de Apartheid Israelí”, dando por supuesto la existencia de una segregación tan odiosa en Israel? De un modo concreto, ¿puede el Ayuntamiento limitar sus servicios y el uso de sus instalaciones sin quebrantar el derecho de quienes no compartan su inflamada política internacional, de establecer negocios, ejercer profesiones y llevar una vida normal en cualquier parte de España?
Estas preguntas legales se hacen no porque ACOM quiera limitar la libertad de expresión del alcalde y de la mayoría de los concejales, sino por los esfuerzos de algunos de aquéllos en transformar un ayuntamiento, arrebatándolo a los vecinos para los que fue creado, y convertirlo en una organización que sea la herramienta de agitación de unos pocos activistas políticos.
El Tribunal Supremo tiene dicho que: “los municipios, y las Entidades Locales en general, ‘sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan con sometimiento pleno a la ley y al derecho’ –articulo 6.1 LRBRL– Y esa objetividad y sometimiento a la ley significa que son entes independientes y no instrumentales ni patrimonializables por organización social, ideológica o política alguna, siendo el ordenamiento jurídico, exclusivamente, el que rige su actuación. Estaría indudablemente fuera de toda pretensión de legalidad el que por vía de una fáctica asimilación de los partidos políticos que sustentan las candidaturas de los miembros electos por sufragio universal, o los idearios y proyectos que a estos les animen, con la institución local misma y sus fines y cometidos, se proclamase que es legitimo ejercicio de las potestades locales todo aquel que sirva al objetivo y fin de los grupos sociales o políticos concretos que participen en la gestión de la vida local, por más que estos los conciban como de general aceptación y consenso.
Los Ayuntamientos tienen para la ley, un único propósito: gestionar sus intereses públicos y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades de los vecinos. Y todo ello debe hacerlo dentro de sus competencias, con neutralidad y con sometimiento pleno a la ley y al derecho, entre cuyos principios más protegidos se halla la igualdad ante la ley, la prohibición de la discriminación, el derecho a expresar libremente los pensamiento, ideas y opiniones, y el derecho también a precisamente no hacerlo, pues nadie puede ser obligado a declarar sobre la ideología, religión o creencias.
Una campaña de boicot hacia un país extranjero está sencillamente fuera de las competencias del Ayuntamiento de Catarroja y de sus cargos públicos, quienes simplemente no dirigen (aunque da la impresión de que desearían hacerlo), una ciudad-Estado. La adhesión a tal boicot es un hecho abiertamente político para el que se ha utilizado un lenguaje incendiario que sólo busca la agitación, utilizando también políticamente el manto del Derecho Internacional y los Derechos Humanos para trasladar el conflicto árabe-israelí a esta ciudad.
El objetivo de los grupos políticos que aprobaron el acuerdo del Ayuntamiento de sumarse a la campaña de adhesión al boicot a Israel tiene poco que ver con los intereses de la ciudad y las necesidades de sus vecinos; tiene poco que ver con los ciudadanos árabes de Israel cuya igualdad ante la ley es absoluta, poco que ver con los palestinos de los que sólo en Siria, 560.000 han tenido que abandonar sus hogares sin merecer siquiera un parpadeo por parte la campaña BDS; y tiene todo que ver con el impulso de la agenda política de algunos de los grupos municipales y con su propósito de utilizar el Ayuntamiento de Catarroja para hacer avanzar sus metas políticas.
El proceso judicial presentado por ACOM persigue entre otros muchos reparos legales, desvelar y anular la discriminación que la campaña de boicot contra Israel comporta. No hay matices para la discriminación. La discriminación siempre es odiosa, y cuando es impuesta por un organismo público, resulta insoportable.
Enfrente no situamos a Catarroja, sino a quienes persiguen apropiarse del nombre y de la reputación de la ciudad, de los cargos, de las instalaciones y del presupuesto de su Ayuntamiento, y colocar todos estos activos creados a lo largo de cientos de años, al servicio de sus propósitos políticos.

Un comentario en “No hay matices para la discriminación

  1. Vaya panda de incultos y sinverguenzas. Muy bien hecho ACOM por defender Israel y los derechos de los ciudadanos contra los ataques nazis de la izquierda española.

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