Nuevo golpe al boicot discriminatorio en Ibiza y Valencia

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El pasado viernes 16 de septiembre un tribunal de Palma de Mallorca emitió una orden de suspensión de la decisión de boicotear a Israel aprobada por el Ayuntamiento de Santa Eulalia, la segunda ciudad más grande de la isla de Ibiza. El 28 de julio el Ayuntamiento de Santa Eulalia aprobó una moción de boicot a Israel que condenaba además una serie de supuestos crímenes de guerra y contra la humanidad realizados por las Fuerzas de Defensa de Israel, y denunciaba presuntas violaciones por parte de Israel de la Convención  de Ginebra y del Derecho Internacional. Mediante dicha moción, el municipio se unía a una campaña de boicot a Israel, rompiendo cualquier tipo de lazo económico, académico, cultural o institucional con El Estado Judío.

El Juzgado número 1 de Palma de Mallorca razona que el boicot, incluso si no se ejecuta en la práctica, pone límites a los derechos de las personas y compañías que comercian con Israel para tener relaciones con el Ayuntamiento en igualdad de condiciones. Y esos límites suponen una violación del derecho constitucional a la no discriminación y la igualdad ante la ley.

La orden judicial coincide con la previsible presentación de mociones similares en otros ayuntamientos de la isla, así como en la próxima reunión del Consejo Insular.

Esta es la novena orden de suspensión contra la campaña de boicot tras los recursos presentados por ACOM contra gobiernos locales en España. Además, 13 decisiones de los tribunales hasta el momento han declarado los boicots aprobados por otros ayuntamientos nulos de pleno derecho y sin efecto por conculcar derechos constitucionales básicos. Hay en este momento decenas de casos pendientes de la de la decisión de los tribunales.

Lamentablemente el boicot institucional contra Israel y los españoles que cooperen o simpatizan con el Estado Judío alcanza todavía al menos a dos millones de españoles que viven en localidades que aún excluyen a ciudadanos de la vida social, económica y política por su apoyo a Israel y sobre la base de unos libelos antisemitas. Es una situación única en Europa, pero las victorias legales en contra de esta campañas sectarias también sientan precedentes en el resto del continente.

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Por otra parte, tras presentar ACOM recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Tavernes de  la Valldigna en Valencia por el boicot  contra Israel aprobado en su Pleno de marzo, el mismo Consistorio, aceptando el argumento de que dicha declaración constituía una quiebra de las libertades públicas, ha resuelto aceptar el recurso ante el Juzgado. El Ayuntamiento también ha identificado riesgo cierto de que la adhesión a la campaña BDS de boicot a Israel le haga responsable de fomentar, promover o incitar al odio, la discriminación, o la violencia contra las personas afectadas por el boicot que se extiende, no sólo a Israel, sino a cualquier persona, española, israelí o extranjera, judía o no judía, que no declare su adhesión a los objetivos políticos de la campaña BDS cuando sea intimado a hacerlo.

Desde ACOM deseamos mostrar nuestro reconocimiento a la dignidad del Ayuntamiento de Tavernes, que revocó con determinación su lamentable decisión de unirse a la campaña de boicot contra Israel tan pronto conocieron sus efectos sobre las libertades públicas.

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Los tribunales españoles están dejado clara la ilegalidad del boicot: sólo en lo que va de año éste ha sido anulado en cincos ciudades (Avilés, Sant Sadurní d’Anoia, Buñol, Tavernes y Campezo), y otras ocho cuentan con órdenes judiciales de suspensión cautelar de esta medida (Vélez-Málaga, Santa Eulalia del Río, Langreo, Rivas Vaciamadrid, Sant Adrià de Besòs, Barberà del Vallès, Sant Quirze y Olesa de Montserrat). Por mucho que los antisemitas del BDS adapten y enmascaren sus declaraciones,  ACOM seguirá con su estrategia legal frente a los que, abusando de su posición en instituciones públicas y gobiernos locales, busquen imponer sus ideas sectarias y discriminar a los amigos del estado democrático de Israel, en procedimientos urgentes u ordinarios,  como en los casos del Ayuntamiento de Gijón o la Diputación de Córdoba.

Angel Mas, presidente de ACOM manifestó: “los tribunales españoles han asociado claramente la adhesión a la campaña BDS por instituciones públicas en España con comportamientos ilegales que violan nuestra convivencia constitucional. La respuesta legal de ACOM está produciendo disuasión real que previene la aprobación de declaraciones antisemitas en otras ciudades y provincias de España“.

Ignacio Wenley Palacios, el abogado que lidera para ACOM las acciones legales contra el boicot, dijo: “la campaña de boicot ha cruzado muchas líneas rojas en España, convenciendo a gobiernos locales para discriminar a sus ciudadanos en razón de su origen nacional, o simplemente por sus opiniones personales. El éxito de ACOM, exponiendo la verdadera naturaleza de las proposiciones BDS será de gran utilidad en las tácticas legales para luchar contra las campañas anti-Israel en otras partes de Europa“.

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