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Nuevo varapalo legal contra el boicot a Israel

 

El 13 de enero de 2016, la sesión plenaria del Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès -una ciudad residencial de 19.549 habitantes cercana a Barcelona- aprobó una proposición de adhesión a la campaña de boicot contra Israel. Sant Quirze está gobernando por “Junts per Sant Quirze (ERC como formación principal)”. Dicho partido presentó la moción conjuntamente con Iniciativa per Catalunya (IU), contando con el respaldo de PSC y Ciutadans.

El acuerdo del Ayuntamiento incluía el compromiso de no firmar contrato, acuerdo o convenio alguno con instituciones, empresas u organizaciones israelíes hasta que Israel reconociera el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y cumpliera al Derecho Internacional. Además, las instituciones, empresas y organizaciones del resto del mundo que mantuvieran relaciones comerciales con Israel quedaban bajo la fórmula de una supuesta cooperación u obtención de beneficios en la presunta violación del Derecho Internacional o de los Derechos Humanos en los territorios palestinos, quedaban sometidas al mismo boicot. El acuerdo designaba como ejemplo y objetivos, a las empresas multinacionales israelíes Elbit Systems y Eden Springs, a las norteamericanas Hewlett-Packard y Caterpillar, y a la británica G4S.

El acuerdo de boicot que dejaba extrañamente inexplorado cualquier abuso de Derechos Humanos en cualquier otro país en el Medio Oriente, ordenaba que los procedimientos técnicos en la contratación pública se adaptaran para excluir a dichas empresas de la compra de bienes y la contratación de servicios.

El Ayuntamiento recibió un sello que distinguía a la ciudad como “Espacio Libre de Apartheid Israelí”, que se exhibiría en la página web de la ciudad y en las publicaciones municipales. El Consejo acordó comprometerse y fomentar la cooperación con el movimiento de boicot contra Israel a fin de garantizar la aplicación adecuada de la decisión de boicot. Como de costumbre, se expidieron certificados de la resolución de boicot dirigidos al Gobierno, al Congreso, al Parlamento Europeo, a la Embajada de Israel y a la Misión Diplomática Palestina en Madrid.

El 1 de junio de 2016, el Juzgado número 4 de Barcelona emitió un auto de medidas cautelares, ordenando al Ayuntamiento que se abstuviera de hacer cumplir la decisión de boicot, ya que había detectado una posible infracción del principio de igualdad ante la Ley y violaciones de los derechos a no ser discriminados por ninguna razón y de que los extranjeros residentes disfruten en España de las mismas libertades públicas que los nacionales. El escrito también indicaba la existencia de discriminación en la contratación pública.

Un año después de que la decisión del boicot fuera aprobada por el Ayuntamiento, el 13 de enero de 2017, el Juzgado número 4 de Barcelona notificó su sentencia que anulan el boicot contra Israel. El Tribunal consideró discriminatorio y en violación del principio de igualdad ante la Ley el compromiso flagrante del Ayuntamiento de abstenerse de suscribir pactos, contratos o acuerdos con empresas israelíes por la única razón de su origen nacional. La sentencia afirmó también que la decisión municipal de abstenerse de relaciones con empresas e instituciones bajo la suposición de que de una supuesta colaboración, participación o obtención de un beneficio económico de la llamada violación del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos en el territorio palestino ocupado o en los Altos del Golán, implicaba igualmente una clara infracción de los principios constitucionales que prohíben la discriminación y sostienen la igualdad ante la Ley.

Sant Quirze es el décimo ayuntamiento que se ve obligado a cancelar el boicot tras las acciones legales emprendidas por ACOM. A esas anulaciones hay que sumar otras siete suspensiones judiciales de dichas mociones discriminatorias.

Se vuelve a poner en evidencia el franco carácter discriminatorio del movimiento BDS. Las propuestas que presentan, basadas en bulos y falsedades, provocan que los consistorios comentan flagrantes ilegalidades que chocan frontalmente contra la Constitución y vulneran nuestras libertades fundamentales.

 

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