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Zamora da marcha atrás en su adhesión al BDS

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La trascendental sentencia del Juzgado contencioso administrativo 1 de Oviedo, certificando la ilegalidad del movimiento racista BDS en los Ayuntamientos españoles, marca el camino para advertir sobre el flagrante carácter antidemocrático de aquellas mociones, plenamente contrarias al Estado de Derecho.
Esta semana, los grupos municipales de PSOE e Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Zamora llevaron al Pleno una moción para declarar a la capital como “Espacio Libre del Apartheid Israelí” y fomentar la cooperación con el movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones). El secretario municipal, tras la lectura de la moción, puso en duda la legalidad del texto. “Esta Secretaría no garantiza que esté ajustado a Derecho”. El BDS fracasa en Zamora.
Tal y como hicieron los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Avilés tras presentar recurso contencioso administrativo por las declaraciones de boicot aprobadas en su Pleno, queda probado que la campaña de boicot del BDS incurre en una larga lista de ilegalidades, entre ellas:
– El boicot amenaza el derecho de las personas a no ser discriminadas, la libertad académica, la libertad de expresión y el derecho a no revelar religión, raza, origen nacional y opiniones personales.
– El boicot infringe la Ley de Contratos Públicos y las Directivas Europeas sobre igualdad de trato.
– Los Ayuntamientos incurren en un riesgo cierto por incitar al odio, a la discriminación, o a la violencia contra las personas afectadas por el boicot, que se extiende no sólo a Israel, sino a cualquier persona, española, judía o no judía, que no declare su adhesión a los objetivos políticos de la campaña BDS cuando se le conmine a hacerlo.
Los agentes políticos y judiciales comienzan a tener real noción de la verdadera motivación judeófoba de este movimiento, que no busca la Paz, sino la desaparición del Estado de Israel. La adhesión a la campaña BDS de boicot a Israel fomenta, promueve e incita al odio, a la discriminación e incluso a la violencia contra las personas afectadas por el boicot que se extiende no sólo a Israel, sino a cualquier persona, española, israelí o extranjera, judía o no judía, que no declare su adhesión a los objetivos políticos de la campaña BDS cuando sea intimado a hacerlo.
El esfuerzo liderado por ACOM en su lucha contra el movimiento antisemita del BDS tiene consecuencias sobre los fanáticos. En la misma línea de democracias de primer orden como Reino Unido, Francia o Estados Unidos, cuyos gobiernos e instituciones legales persiguen al BDS por su carácter judeófobo y totalitario, España marca una senda legal histórica gracias a los recursos interpuestos por ACOM en los Ayuntamientos de Santiago de Compostela, el Cabildo de Gran Canaria, Avilés, Abrera, Sant Boi de Llobregat, Langreo, Gijón, Corvera, Diputación de Córdoba, más todos los que sean necesarios.

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