Acciones legales de ACOM contra la discriminación antisemita en la Facultad de Políticas de la Universidad Complutense

El “Pleno de la Delegación de Estudiantes” ha declarado la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense como “Espacio Libre de Apartheid Israelí (ELAI)”. Asimismo se ha adherido a la campaña BDS (“Boicot, Desinversiones y Sanciones contra Israel”).

Este tipo de resoluciones discriminatorias ya ha recibido antes contundente respuesta judicial: a iniciativa de ACOM, 85 acuerdos institucionales similares (incluyendo el ámbito académico, como es el caso del claustro de la Universidad Autónoma de Barcelona), han sido anulados al encontrarlos inconstitucionales los Tribunales de Justicia. Destaca la sentencia 1161/2022 del Tribunal Supremo, junto a numerosas sentencias de Tribunales Superiores de Justicia.

Paradójicamente, el mismo día en que la Complutense aprueba sus acuerdos contra los judíos, el Gobierno presenta un plan de acción contra el antisemitismo. Dados los antecedentes de las formaciones gobernantes, y la financiación pública aportada a sus asociaciones afines que promueven estos actos de odio, cuesta creer en la sinceridad y utilidad de dicho plan.

Existe, sí, un mecanismo eficaz contra el antisemitismo: el previsto en la reforma legislativa impulsada por la Asamblea de Madrid ante el Congreso de los Diputados. Se trata de impedir que el dinero del contribuyente acabe en manos de organizaciones que desarrollen actividades antisemitas (según la definición de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, a la que está adherida España desde 2005). Pero la tramitación de esta reforma está inexplicablemente detenida.

La Universidad es de todos. ACOM no se guía por palabras huecas ni gestos estériles. Tenemos un compromiso continuo y firme contra el odio antisemita. Y, en concreto, contra cuantos coartan la libertad de los judíos en España u hostigan al único Estado judío del mundo. Máxime cuando esos antisemitas se valen de recursos públicos.