ACOM responde a la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina

► El 13 de agosto de 2016 la “Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (Rescop)” —la agrupación de entidades, colectivos y «marcas» adheridos a la campaña antisemita de boicot contra Israel y las personas que apoyan al estado judío— publicó un comunicado bajo el título “Comunicado de la RESCOP sobre los últimos éxitos de la campaña de Espacios Libres de Apartheid Israelí – BDS Institucional” en el que celebra el número de entidades locales declaradas “Espacio Libre de Apartheid Israelí” o adheridas a la campaña de boicot, e imputa a ACOM acusaciones delirantes.

Tampoco comentaremos a los delirios de quienes acusan a otros de «ultras» mientras glorifican el terrorismo y se sitúan tras la misma pancarta judeófoba que yihadistas y nazis. Nada más lejos de ACOM, una asociación española (Rescop nunca utiliza el término España sino «estado español») formerarpor voluntarios y que actúa agrupa a personas que detestan el racismo y la discriminación. ACOM no ha recibido hasta hoy ni una sola ayuda pública, ni de Israel, ni de España, ni de nadie. Desafiamos aquí a los grupos que forman esa “Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina” a afirmar lo mismo.

Pero dudamos que puedan hacerlo pues la relación de sus promotores  con las Administraciones Públicas y el dinero de los contribuyentes es, gobierne quien gobierne, estrechísima.

Como muestra, se puede considerar el caso de la asociación “Mundubat” que manejó un presupuesto en el año 2015 de 4.069.422 euros (!!), de los que al menos 3.750.884 euros subvenciones de distintas entidades públicas. No es la única: el balance de la asociación “Paz y Dignidad” tenía en 2015 un activo corriente de 4.276.728,46 euros, del que 2.975,911,08 euros (!!)  fue el saldo inicial de las subvenciones concedidas.

Siendo justos, no a todas las organizaciones les va tan bien: la “Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz” sólo recibió en 2015 ayudas públicas por 493,861,91 euros del presupuesto público.

Decenas de millones de euros en total acumulan en ayudas públicas los miembros de la Rescop (muchos de los cuales son simplemente una pantalla o un nombre vacíos de contenido y no aparecen registradas como asociaciones o no publican las preceptivas cuentas). Millones de euros de los contribuyentes esquilmados anualmente.

Con el dinero de los impuestos de los españoles estos grupos tienen empleados muy bien pagados y amplios recursos que dedicar a convencer a gobiernos locales para que cometan la flagrante ilegalidad de discriminar y coaccionar a empresas y personas por su origen nacional, su etnia, su religión o sus opiniones políticas.

Aunque su éxito es más que dudoso (la campaña de boicot a Israel sólo ha conseguido la adhesión de un puñado de ayuntamientos en toda España, algunos engañados y otros en manos de extremistas) no deja de ser preocupante que decenas de miles de españoles vivan en un territorio «Judenfrei».

Efectivamente, 51 Ayuntamientos, dos Diputaciones Provinciales y un Cabildo Insular se han adherido a la campaña de boicot antisemita a Israel.

Lo que  los amigos del subsidio de Rescop y comunicado omiten es que, a pesar de sus recursos, sus «liberados» y la cobertura proporcionada por Podemos, IU y las CUP, con el apoyo ocasional del PSOE o ERC, ayuntamientos como los de Tarragona, Zamora, Córdoba y muchos más, han rechazado adherirse al boicot tras ser informados de los efectos discriminatorios y de la naturaleza extremista de la campaña, ilegal en varios países. Tampoco mencionan que durante este año el boicot ha sido anulado en otras seis ciudades como resultado de las acciones judiciales de ACOM, y que seis órdenes judiciales han suspendido el boicot en otras tantas ciudades. No explica el comunicado que las razones para tales anulaciones es la violación de los derechos y libertades constitucionales y el Derecho Internacional. No cuenta tampoco que la defensa legal de los proponentes del boicot en cada uno de los 50 casos que ACOM ha entablado ante los Tribunales (los que no se han ganado todavía están en proceso de resolución), se centra siempre en negar que el boicot tenga la más mínima eficacia, escondiendo que se aconseja a los Ayuntamientos la aplicación interna sin dar muestras de publicidad para ocultar su aplicación a los Tribunales.

El comunicado afirma que ACOM desea socavar la democracia local, las libertades civiles y la libertad de expresión. A las airadas acusaciones de la campaña de boicot, ACOM responde que el Estado de Derecho es la mejor defensa frente a los abusos y las coacciones. Sólo quienes eluden la Ley pueden considerarla una amenaza.

El comunicado invoca la libertad de expresión para defender el derecho a realizar boicots a los productos de Israel. Los grupos que promueven el boicot buscan aplicar una discriminación inconstitucional equivalente a la xenofobia y el racismo. La máxima desfachatez es exigir que no puedan ser llevados a los Tribunales los acuerdos de boicot municipales que marginan a quienes tienen opiniones, simpatías y creencias distintas a las que la Rescop quiere imponer exclusivamente.

La libertad de los concejales para expresar y debatir opiniones es muy amplia –en la opinión de ACOM, merece ser casi irrestricta- no sólo por el derecho a la libertad de expresión sino también por el derecho también constitucional de los ciudadanos a la participación política a través de representantes elegidos por sufragio universal. Sin embargo, la libertad de los particulares ajenos a los privilegios y prerrogativas del poder no es de una condición inferior. Pero tras la deliberación de los concejales, los acuerdos adoptados por el pleno de los Ayuntamientos han de respetar las leyes y los límites de sus competencias. La Rescop y su totalitarismo no parecen poder procesar que mientras las personas son titulares de derechos constitucionales fundamentales, la Administración es sólo titular de competencias para servir los intereses públicos, careciendo de libertad de expresión.

El boicot a Israel –que tiene como objetivo a todas las empresas y organizaciones de un país en particular, y a las personas asociadas de algún modo con ese país- está adornado de los atributos de la discriminación más intolerable: afecta a las personas y a las empresas no por su conducta particular, sino por quienes son, por su origen, y por donde descansan sus simpatías.