Addameer, una ONG vinculada al terrorismo que España debe dejar de financiar
En solo 5 años, diversas instituciones públicas españolas han financiado con casi 1,4 millones de euros a Addameer.
Numerosos directivos de la organización han sido condenados por delitos terroristas de sangre o actividades relacionadas con el terrorismo.
La ONG forma parte del entramado del Frente Popular para la Liberación de Palestina, una organización considerada terrorista por Israel, la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, de la que son altos dirigentes mucho miembros de Addameer.
Quien siga la actualidad de Oriente Medio puede que haya oído hablar de Addameer, una entidad que dice dedicarse a dar “apoyo a los presos” palestinos y se define como una “organización de derechos humanos”.
Addameer fue noticia el pasado mes de septiembre después de que las autoridades israelíes efectuaran un registro de su sede en Ramala para incautarse de ordenadores, dispositivos de almacenamiento informático y otros archivos.
Aunque el registro se produjo de madrugada cuando las oficinas estaban vacías, Amnistía Internacional calificó la redada de “estremecedora”, y denunció en un comunicado que el registro era un “asalto a la sociedad civil” destinado a torpedear el “trabajo vital de Addameer en materia de derechos humanos”.
Más allá de la obvia voluntad hiperbólica que tan bien se ve en el adjetivo “estremecedora” aplicado a una redada sin muertos, heridos o escenas de mujeres durmiendo con sus hijos despertadas por las fuerzas especiales de madrugada, el comunicado de Amnistía omite, como hacen muchas otras informaciones que se publican sobre Addameer, los estrechos vínculos con el terrorismo palestino de esta organización de causa pretendidamente noble.
Qué hay detrás de la fachada humanitaria de Addameer
Addameer está íntimamente relacionada con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), el segundo integrante más importante de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) después del Fatah que fundó Yasser Arafat.
El FPLP está considerada una organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, y ha sido responsable de numerosos asesinatos de civiles israelíes en los últimos años.
Addameer -que fue fundada en 1992 y actúa sobre todo en los territorios palestinos- no solo defiende a los terroristas del FPLP detenidos por Israel calificándoles de “prisioneros de conciencia” como si hubieran sido arrestados por sus ideas.
Según una investigación sobre la organización publicada por el NGO Monitor en 2018, al menos ocho miembros de Addameer han sido o son miembros del FPLP. Es el caso de Khalida Jarrar, quien fue vicedirectora de la junta directiva de Addameer hasta 2017 y directora de esta ONG entre 1993 y 2006. Jarrar, que ha representado al FPLP en el Consejo Legislativo de Palestina, fue condenada a una pena de cárcel en 2015 por instigar al terrorismo con unas declaraciones en las que animaba a secuestrar soldados israelíes para utilizarlos como monedas de cambio por presos palestinos.
El actual presidente de Addameer, Abdul-Latif Ghaith, tiene prohibido viajar al extranjero, una medida dictada por el Estado de Israel por su pertenencia al FPLP y los contactos que mantiene con los líderes en el exterior de esta organización terrorista.
Entre los miembros de Adameer hay también terroristas condenados por delitos de sangre como Yaqoub Oudeh o Bashir al-Khairi. Tanto Oudeh como al-Khairi forman parte de la junta directiva de esta ONG que se dice humanitaria pese a haber sido condenados a tres cadenas perpetuas por participar en el atentado el supermercado Shufersal de Jerusalén en 1969, en el que murieron dos israelíes y otros nueve resultaron heridos.
Otro directivo de Addameer condenado por violencia es Mahmoud Jaddah, que ha cumplido penas de cárcel por llevar a cabo ataques terroristas con armas de fuego en Jerusalén, Hebrón y Tel Aviv.
Todos estos elementos son imposibles de obviar para cualquier observador mínimamente atento, pero no han hecho a Amnistía Internacional plantearse su apoyo sin matices a Addameer ante una operación israelí que parece más que justificada teniendo en cuenta los antecedentes de la organización.
El último en sumarse a esta lista ha sido Samer Arbid, un hombre 44 años que trabajaba como contable de Addameer y ha sido detenido al ser acusado de liderar la célula terrorista del FPLP supuestamente responsable del asesinato de la adolescente israelí de 17 años Rina Shnerb en un ataque perpetrado contra su familia en agosto cerca el asentamiento de Dolev.
España es el financiador más generoso de Addameer
Las actividades criminales de miembros de Addameer y las conexiones de esta organización con un grupo calificado de terrorista por las grandes democracias del mundo tampoco parecen perturbar la conciencia de sus benefactores.
Según NGO Monitor, entre 2016 y 2019 Addameer recibió 1.400.000 euros procedentes de España. Siempre según NGO Monitor, entre los patrocinadores españoles de Addameer destacan el Gobierno vasco (casi 400.000 euros desde 2015), el Ayuntamiento de Barcelona (más de 200.000 euros entre 2016 y 2017) y el gobierno foral de Navarra (más de 450.000 euros desde 2017). Los ayuntamientos de San Sebastián, Vitoria y Rivas Vaciamadrid y la diputación de Guipúzcoa también han sufragado a Addameer y sus miembros en los últimos años.
Addameer también ha recibido fondos públicos de Irlanda, Suiza, Alemania, Dinamarca, Suecia, Holanda y Noruega en los últimos años.
Uno de los pocos países que ha revisado su política de subvenciones a organizaciones vinculadas al terror contra civiles israelíes es Dinamarca, cuyo Ministerio de Asuntos Exteriores decidió en 2017 poner fin a las ayudas a las ONGs palestinas vinculadas a organizaciones terroristas como es el caso de Addameer o que promueven el boicot a Israel como el BDS.
España ha de dejar de apoyar una red terrorista a través de Addameer
Como principal patrocinador internacional de Addameer, España debe seguir el ejemplo danés y cortar el chorro de dinero público hacia cualquiera que esté implicado en las redes que trabajan para la destrucción de Israel y asesinan a sus ciudadanos, como lo haría con los enemigos violentos de cualquier otra democracia amiga.
Una forma de entender la gravedad del papel de España como financiador de Addameer es imaginarse que Israel o cualquier otra democracia con relaciones con España hubiera sufragado las actividades de alguna organización del entorno de la banda terrorista ETA, desde el que, como hace Addameer con Israel, se desacreditaba el Estado de Derecho con denuncias sistemáticas de torturas y el uso del término “presos políticos” para los condenados por sus acciones violentas contra intereses y ciudadanos españoles.
El dinero público del contribuyente español que se destina a pagar sueldos de terroristas y propaganda que enaltece las masacres de israelíes llega a la ONG a través de instituciones regionales y locales en manos de la izquierda más radical y/o de movimientos grupos separatistas o separatistas que antes han mostrado igualmente complacientes con el terrorismo de ETA en España.
Por eso es necesario que a esta anormalidad se le ponga fin desde el Gobierno nacional, menos susceptible de caer en manos de extremistas y la única institución con poder suficiente para impulsar una norma que se tome en serio lo que ya está establecido por las instituciones europeas y ponga fin al flujo de dinero hacia quienes alimentan el terror contra la única democracia de Oriente Medio.
