COMUNICADO: sobre el boicot de la Autoridad Palestina a Zara
El lunes pasado el diario El País se hacía eco de una noticia que titulaba “Boicot palestino a Zara por el apoyo del dueño de la franquicia en Israel a un político ultraderechista”. Y subtitulaba: “Un juez supremo islámico pronuncia un edicto religioso contra la compañía y el Ministerio palestino de Economía pide explicaciones a la central en España».
En las redes aparecen videos quemando prendas de la marca”. Ni en el título, ni mucho menos en el cuerpo de la noticia se pone el foco en la extraordinaria gravedad de la extralimitación del matonismo palestino, tanto de sus autoridades políticas como religiosas, y mucho menos se encuentra testimonio alguno que censure la agresividad y la chulería palestinas contra una empresa española.
¿Desde cuándo un “¿Ministerio de Economía” que, como todo el aparato institucional palestino, se sostiene con la ayuda internacional, está legitimado para azuzar boicots y actos vandálicos contra una marca concreta, precisamente originaria de uno de sus países donantes? ¿Desde cuándo ese órgano cree que puede dirigirse a la central de una multinacional española a exigir explicaciones por las visitas privadas que un franquiciado entre muchos mantiene en su domicilio en uso de su libertad? Lamentablemente, desde siempre, desde que la Autoridad Palestina existe. Y sin que ninguna autoridad española acuda a recordar a esos perdonavidas que alguien que come de nuestra ayuda no se puede permitir ciertas bravuconadas sin esperar consecuencias.
El hecho de que la Autoridad Palestina esté además instrumentalizando contra los intereses e imagen de una empresa privada española la amenaza contenida en una “fatwa” islámica, claramente pergeñada en connivencia entre responsables políticos y religiosos, añade una gravedad singular a este incidente. La Autoridad Palestina, que tan generosamente financiamos los contribuyentes españoles, tiene tribunales islámicos plenamente operativos, y estos son encabezados por jueces supremos capaces de dictar edictos religiosos que se entrometen en la vida privada de un empresario del sector de la moda, que tampoco es musulmán sino judío. No se trata ni siquiera de un problema con esa moda, de una diferencia en materia de costumbres, de una ofensa por alguna imagen corporativa. No. La excusa de nuestros subvencionados para boicotear a Zara es que el dueño de su franquicia israelí, que no vende ni en territorios administrados por la Autoridad Palestina, ni siquiera en territorios en disputa, ha tenido en su casa a quien le ha dado la gana. Esa es la única interpretación posible de un demócrata.
Ha llegado el momento de plantearse seriamente la utilidad de los ingentes fondos españoles y europeos que recibe la Autoridad Palestina. Su justificación se debilita en la misma medida en que se hace patente su nula incidencia a la hora de conducir a los beneficiados por las vías democráticas, y aun civilizadas. Por todo ello, instamos al Gobierno de España a suspender cualquier transferencia pendiente con la Autoridad Palestina, o que tenga a esta como destinatario final, así como a bloquear todos sus compromiso futuros a la vez que exige la reversión inmediata de la campaña de boicot.
Adicionalmente, y en línea con el modo en que la historia ha sido reportada por El País, evidenciamos que cuando las noticias de Israel nos alcanzan, cuando llegan a nuestros medios de comunicación, lo hacen después de atravesar los densos filtros de un sesgo sistemático. Y así, la libertad de cada cual a la hora de invitar a alguien a su casa queda aquí suspendida, y lo que se reproduce es el argumento en bruto de la Autoridad Palestina, y de un tribunal islámico, que osan entrometerse amenazadoramente en la vida de un ciudadano judío israelí, usando como palanca el chantaje de un boicot global a Zara, una empresa española. Como si fuera lo más normal del mundo.
