Declaración de ACOM con motivo de la conmemoración del Día Internacional de recuerdo del Holocausto

“Nunca más es ahora”. He aquí el lema que resume la gran resolución del pueblo judío: que la Shoá no vuelva a repetirse. No se trata de un eslogan. No puede pronunciarlo el que imposta preocupación y dolor por los judíos muertos mientras apoya la discriminación, cuando no el aniquilamiento,  de los judíos vivos. “Nunca más es ahora” manifiesta la férrea convicción de que el pueblo judío vive y seguirá viviendo, adopte el disfraz que adopte el antisemitismo.

Con motivo del Día Internacional de Recuerdo del Holocausto (27 de enero), proliferan en el mundo, también en España, actos en recuerdo y homenaje a la memoria de los judíos asesinados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Poco más de 100 días después del horror atravesado por Israel en el ataque terrorista de Hamás, seremos directos: no debería permitirse que los actos de homenaje a las víctimas del Holocausto sirvan para blanquear a los miembros del Gobierno Sánchez. Sostenemos que los representantes de las comunidades judías no deberían acudir a actos convocado desde el Gobierno, o por entidades públicas a instancias del Gobierno, como Centro Sefarad. Es necesario expresar el merecido rechazo a un Ejecutivo cuyas posiciones se mueven entre la hostilidad y el odio a Israel. Sigamos el ejemplo de la comunidad judía chilena, que ha decido desatender los actos convocados por el Gobierno Boric por similares motivos (aunque a Boric todavía no le han aplaudido los terroristas de Hamas).

En España se viene realizando tradicionalmente un grosero simulacro de lucha contra el antisemitismo. Los principales agentes destinados a combatirlo, los poderes legislativo y ejecutivo, eluden por sistema la raíz misma del problema: la extensa red de grupos que, al calor de las subvenciones públicas, y de la cobertura institucional local, autonómica, y nacional (en la órbita que conforma o sostiene al Gobierno Sánchez) impulsa el odio a los judíos, su coacción, persecución y discriminación.

ACOM lleva años denunciando esta situación con todos los medios a su alcance, incluyendo una amplia campaña de acciones judiciales donde los tribunales nos ha dado la razón una y otra vez. ¿Por qué el principal partido del Gobierno, el PSOE, y sus variados socios (desde la extrema izquierda al entero espectro independentista) no han movido un dedo en la lucha contra el antisemitismo? Porque los mismos grupos que promueven el antisemitismo forman parte activa del entorno de esos partidos. El antisemitismo contemporáneo a nivel global, y particularmente en España, no surge de la nada: lo han regado durante décadas gobiernos, formaciones políticas, medios de comunicación y organizaciones variopintas… con abundante dinero público. Ellos han cimentado la nueva retórica de odio antisemita. Y lo han hecho conformando una tupida red clientelar. ¿Va a extinguir el pirómano su fuego?

No obstante, existen en nuestro país proyectos comprometidos eficazmente en la lucha contra el odio a los judíos y contra todas las formas bajo las que esta lacra se presenta. El primer paso efectivo fue la iniciativa lanzada por la Asamblea de Madrid. El Parlamento regional madrileño adoptó formalmente el 21 de abril de 2022 la definición operativa de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Dicha definición, internacionalmente reconocida, describe pormenorizadamente todas las expresiones de antisemitismo, considerando que la demonización, criminalización y deshumanización sistemáticas del Estado Judío, y el fin último de su desaparición, son signos evidentes de antisemitismo. Citando textualmente algunos de sus apartados:

· Acusar a los ciudadanos judíos de ser más leales a Israel, o a las supuestas prioridades de los judíos en todo el mundo, que a los intereses de sus propios países,

· Denegar a los judíos su derecho a la autodeterminación, por ejemplo, alegando que la existencia de un Estado de Israel es un empeño racista,

· Aplicar un doble rasero al pedir a Israel un comportamiento no esperado ni exigido a ningún otro país democrático,

· Usar los símbolos y las imágenes asociados con el antisemitismo clásico (por ejemplo, las calumnias como el asesinato de Jesús por los judíos o los rituales sangrientos) para caracterizar a Israel o a los israelíes,

· Establecer comparaciones entre la política actual de Israel y la de los nazis,

· Considerar a los judíos responsables de las actuaciones del Estado de Israel.

Se trata de los clichés que con mayor profusión usan los antisemitas contemporáneos, sedicentes “propalestinos” que, parapetados tras la causa humanitaria, degradan al Estado Judío, deshumanizan a sus ciudadanos y criminalizan de modo generalizado a todas las instituciones donde participa el pueblo israelí (como su ejército, su sistema judicial, su democracia, su gobierno…). A las organizaciones que se valen de esos estereotipos antisemitas se les debería impedir operar en el ámbito público, así como el acceso a fondos de los contribuyentes.

Es por ello que la Asamblea de Madrid, además de adoptar la definición IHRA, desarrolló un proyecto legislativo pionero en el mundo: la Proposición de Ley de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, para la modificación de la Ley 38/2003, de 27 de noviembre, que impide recibir ayudas, u obtener contratos o subvenciones públicas, a aquellas entidades que realicen prácticas discriminatorias por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, haciendo especial hincapié en el antisemitismo.

El proyecto incluye las modificaciones legislativas necesarias que debe acometer España para que el odio no encuentre cobijo en el espacio público. Sin duda, un giro de 180 grados respecto a la política “hueca” del Gobierno Sánchez. Ofrecemos dos ejemplos de esta hipócrita política de gestos:

En 2020, la entonces vicepresidenta primera del Gobierno de España, Carmen Calvo, anunció la decisión de refrendar la definición operativa de antisemitismo de la IHRA. Tras el anuncio, que debía traducirse en un desarrollo legislativo acorde para poner en práctica la definición, nada sucedió. España llevaba ya desde 2008 formando parte de la IHRA y siguiendo oficialmente la definición operativa de antisemitismo. ¿A qué aquella puesta en escena?

El mismo Gobierno, a través de su entonces ministro de Presidencia, Félix Bolaños, aprovechó el homenaje del año pasado a las víctimas del Holocausto en el Senado para anunciar un “Plan Nacional para implementar la Estrategia Europea de lucha contra el Antisemitismo”. Una plúmbea colección de lugares comunes que ni siquiera era iniciativa del Gobierno sino una imposición de Bruselas a todos los países miembros de la UE. Desde ACOM denunciamos entonces que el plan no era sino un señuelo para confundir: el plan no menciona a Israel, el único estado judío, donde viven la mayoría de los judíos del mundo; omite la definición de antisemitismo de la IHRA; olvida las campañas BDS, principal ejemplo de antisemitismo contemporáneo… Algo así siempre iba a carecer de cualquier efectividad contra el antisemitismo, como se ha demostrado: en estos días, con el amparo, la promoción e incluso la participación de miembros del gobierno, se producen manifestaciones en nuestra calles en las que se glorifica el terrorismo contra los judíos y se incita a la violencia contra ellos.

En contraste con estos teatrillos, la Asamblea de Madrid elevó la propuesta de modificación legislativa al Congreso de los Diputados, donde tres leyes de carácter nacional, relativas a la relación de grupos con la administración pública, debían ser clarificadas: Ley General de Subvenciones; Ley de Contratos del Sector Público; Ley del Derecho de Asociación. El 4 de octubre el Congreso debatió y aprobó la propuesta por amplia mayoría (por supuesto, esta no incluía a Sumar, socio de coalición de Pedro Sánchez). Lamentablemente, desde el mismo momento de su aprobación, la modificación ha sido extraviada en un laberinto de plazos, enmiendas y falta de voluntad. Una estrategia dilatoria liderada por el Gobierno y que demuestra que su posición favorable no había sido sino una pantomima, una mofa al proceso legislativo y a la voluntad popular.

El odio a los judíos, la incitación a la violencia contra los judíos, se ha quitado la máscara estos días, en los que Israel ha sufrido el mayor pogromo desde el Holocausto. El odio se ha expresado con meridiana claridad a través de representantes institucionales, algunos de ellos miembros del Gobierno de España. Pedro Sánchez ha dilapidado su legitimidad hostigando a Israel cuando más inmoral era hacerlo, cuando el país ha sufrido la brutal masacre. Ha omitido cualquier censura hacia aquellos miembros de su gabinete que, con los cadáveres calientes tras la masacre de Hamás, se posicionaron con los verdugos. Su actitud le ha merecido el aplauso entusiasta de Hamás y los hutíes, títeres de la República Islámica de Irán. Para acabar de hundir cualquier prestigio que le restara, Sánchez también se apresuró a anunciar el reconocimiento (unilateral si fuera necesario) de un estado palestino. Tal estado sería completamente inviable y constituiría un premio a los terroristas. Por lo demás, no facilitaría solución alguna, ya que los terroristas desean lo mismo que clama la izquierda en las calles de Occidente: “Palestina desde el río hasta el mar”. Esto es, la destrucción del Estado Judío.

Si Sánchez aspira a recuperar un ápice de credibilidad, debería desarrollar sin excusas ni dilaciones (y sin desnaturalizarla) la modificación legislativa aprobada por la Asamblea de Madrid y el Congreso de los Diputados en su primer trámite. De ese modo, las actividades antisemitas, catalogadas así por la definición que aplican todos los países de nuestro entorno, serán frenadas por las instituciones y carecerán de acceso a las subvenciones. Esa es la exigencia fundamental, el mensaje firme que cualquier persona preocupada por el antisemitismo en España hoy y por la memoria de sus víctimas en la Shoá debe trasmitir a un gobierno acostumbrado a los gestos vacíos y la inconsistencia flagrante.

Am Israel Jai.