Golpe legal al BDS | Legal victory against BDS

For english version, please scroll down

Golpe legal a intentos de boicot contra Israel en España: el Gobierno satisface indemnización a universidad israelí discriminada por el Gobierno Zapatero, tras resoluciones de la Audiencia Nacional y el Consejo de Estado.

En una histórica resolución, el Consejo de Estado de España ha concluido que procede declarar nula de pleno derecho la decisión del Gobierno Zapatero en Septiembre del 2009 de expulsar a la Universidad israelí de Ariel de una competición científica.

El Consejo de Estado así mismo confirmó que el Gobierno de España debía indemnizar a la universidad con 70.000 € por esta expulsión ilegal, cantidad que se suma a los 30.000 € que ya se tuvo que reembolsar originalmente. El Gobierno de España, aceptando la decisión, ha realizado el pago de la indemnización hace unos días.

El Gobierno ha tenido que aceptar que, al excluir a la Universidad de Ariel del mencionado concurso internacional, denominado Solar Decathlon Europe, su organizador, el Ministerio de Vivienda entonces dirigido por la Ministra Beatriz Corredor, había conculcado el derecho constitucional de igualdad proclamado en el artículo 14 de la Constitución.

Adicionalmente, la decisión de expulsar a la universidad israelí se considera completamente injustificada, al no poderse acreditar tratado o ley alguna, española o europea, para sustentarla. Esta resolución ahora adoptada por el Gobierno, con el dictamen favorable del Consejo de Estado, desautoriza las indicaciones emitidas originalmente por el Ministerio de Asuntos Exteriores, a cargo entonces de Miguel Ángel Moratinos, de excluir a dicha universidad.

Anteriormente a todo ello, en el 2013 la Audiencia Nacional ya había emitido una sentencia en la que requería a la Administración para que resolviera la acción de nulidad interpuesta anteriormente por la universidad israelí ante la misma, la cual estaba basada, entre otras, en la vulneración de derechos y libertades constitucionales.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

La Universidad de Ariel participa en diversos concursos y conferencias internacionales. Situada en la ciudad de Ariel en Samaria, cuenta con 15.000 estudiantes, que representan un amplio espectro de la sociedad israelí, incluyendo árabes y judíos, religiosos y laicos, inmigrantes e israelíes nativos.

En el año 2008 la Universidad de Ariel fue seleccionada como una de las 21 universidades finalistas en una competición para diseñar viviendas sostenibles que usaran energía solar. Sin embargo, en el 2009 el gobierno socialista del Presidente Zapatero notificó a la universidad que su equipo había sido expulsado de la competición por “el hecho de que su institución se encuentra ubicada en territorios ocupados y estando obligados a respetar la posición de la Unión Europea en relación con esta materia”.

Aun cuando el gobierno actual del PP trató en el 2013 de justificar el comportamiento del Ministerio de Vivienda del gobierno socialista mencionando que la exclusión “se realizó en todo momento siguiendo las indicaciones recibidas del Ministerio de Asuntos Exteriores”, el Gobierno finalmente tuvo que reconocer que ese último Ministerio no podía explicar a qué normativa se refería como base de esa exclusión. El Consejo de Estado añade que las razones invocadas por el Ministerio de Vivienda en su resolución de expulsión “difícilmente se compadecían con la posición de la Unión Europea sobre la cuestión planteada” y que los acuerdos vigentes “incluían en su ámbito a las universidades israelíes, cualquiera que fuera su ubicación territorial y aseguraban su participación en diversos proyectos y programas de cooperación técnica”. Añade el Consejo de Estado que cualquier exclusión territorial no puede proyectarse “al ámbito de colaboración científica y universitaria”.

En su dura resolución definitiva, la Comisión Permanente del Consejo de Estado, que incluye a dos ex Ministros de Justicia, un antiguo Presidente del Tribunal Constitucional y uno de los “Padres” de la Constitución, concluye que la expulsión de la Universidad de Ariel “fue adoptada, de plano, sin sujetarse a ninguno de los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico y comportó la privación de derechos e intereses” y así declara, no sólo su “nulidad de pleno derecho”, sino que también declara la responsabilidad del Estado de indemnizar por los “daños efectivos y reales, individualizados, concretos y evaluables económicamente” que alcanzan en total los 100.000 euros, “importe máximo que hubiera percibido la Universidad de Ariel por su participación en la competición”.

El largo proceso legal de cinco años contra el Gobierno de España ha sido liderado por el prestigioso bufete de Cremades & Calvo Sotelo en representación de la Universidad de Ariel, y en coordinación con el abogado Marc Zell de Jerusalén, a cargo del Comité de dicha Universidad que lucha contra el movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS).

Los documentos que obran en el expediente administrativo incluyen prueba de la presión ejercida por el movimineto BDS contra los organizadores de la competición científica, el Ministerio de la Vivienda y la Universidad Politécnica de Madrid. Este movimiento antisistema busca la exclusión de entidades israelíes con el objetivo de aislar, deslegitimar y discriminar al Estado Judío.

La relevancia de esta serie de resoluciones es importantísima ya que demuestra la nula base legal de los argumentos del movimiento BDS en España y Europa y constituye otro serio revés para sus objetivos antisemitas. Las consecuencias de plegarse a la coacción de estos grupos también quedan patentes en la importante indemnización que el Estado ha tenido que satisfacer por la exclusión ilegal de una universidad israelí situada en territorios disputados. Cabe esperar que, en vista de este resultado, cualquier otra resolución institucional discriminatoria contra intereses israelíes sea contestada con acciones legales igual de vigorosas y con resultados similares.

Tras recibir la indemnización, el Canciller de la Universidad de Ariel, Yigal Cohen-Orgad, manifestó que la resolución final del Gobierno de España “constituye una respuesta parcial pero necesaria a la presión ejercida por el movimiento BDS mundialmente y prueba que los esfuerzos para aislar y demonizar a Israel pueden ser y serán frustrados”.

“Estamos combatiendo con éxito el antisemitismo del BDS en España . Cada día, en cada intento de BDS y su red anti- sistema para deslegitimar y demonizar a la única democracia en el Medio Oriente, nos aseguramos de que todos reciban una respuesta vigorosa. Las redes sociales se han convertido en los nuevos campos de batalla y el rechazo al BDS por los principales partidos políticos, que en definitiva representan la gran mayoría de personas en España, es un objetivo esencial de nuestra actividad. Las decisiones judiciales como ésta evidencian los objetivos antisemitas del BDS, cuyas estrategias están fuera de nuestra sociedad democrática, perteneciendo más bien al basurero de la historia», Ángel Mas, Presidente de ACOM.

Legal victory against Israel boycott attempts in Spain: the Government pays damages to Israeli university for discrimination, following resolutions by the National Court and the State Council.

Spain’s State Council (Consejo de Estado) has issued a landmark ruling which would declare null and void the Spanish Government’s expulsion of Israel’s Ariel University from an international scientific competition in 2009.

The State Council confirmed the award of compensation to Ariel University, totaling €100,000 (€30,000 originally reimbursed and €70,000 newly awarded). Accepting the ruling, the Spanish Government has already paid to the University the said compensation for its illegal expulsion.

The Spanish Government elaborated that by excluding Ariel University from the contest, known as Solar Decathlon Europe, its organizer, Spain’s Ministry of Housing, had not respected the constitutional right of equality. Moreover, the expulsion decision was groundless, as there were no treaties or laws that would support the discriminatory decision of the Spanish Government.

Prior to the compensation of Ariel University, Spain’s National Court (“Audiencia Nacional”) in Madrid ruled against the Spanish Government, sued by the University in 2011. The Madrid court rejected the Ministry of Housing’s refusal to address the University’s nullity action previously filed with the Administration and decided, in 2013, that the Ministry was required to examine and resolve Ariel’s action, after considering the views of the Spanish Council of State, which operates as the supreme advisory to the Spanish Government.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Israel’s Ariel University, participant in different international contests and conferences, is situated in the city of Ariel in Samaria, and counts 15,000 students, representing a vast spectrum of Israeli society, residing in all parts of the State of Israel and including Arabs and Jews, religious and secular, immigrants and native-born Israelis.

In 2008 Ariel University was selected as one of 21 finalist universities to participate in an international contest to design sustainable housing powered by solar energy. However, in 2009 the Spanish Ministry of Housing notified Ariel University that its team was being expelled from the competition stating, «…the fact that your institution is located in occupied territories and since we are bound to respect the position of the European Union in relation to this matter, we are compelled to announce that it will not be possible for your center to continue in this competition».

The Spanish Ministry of Development, in an attempt to justify the expulsion order of the predecessor Ministry of Housing, suggested that the resolution to exclude Ariel had been based on instructions received from the Ministry of Foreign Affairs. However, correspondence from the Foreign Affairs Ministry in the administrative file showed that it was unable to identify any international rule, accord, convention or resolution that would justify the exclusion of Ariel. As a result, the current Spanish Government had to accept not only that the Ministry’s decision was legally null and void, but also that it was groundless from an EU legislation perspective and that it breached Spain’s constitutional right of equality. Consequently, the Government agreed to pay a total compensation of €100,000 that was completely satisfied a few days ago by remittance to Israel’s Ariel University.

In its definitive ruling, the Spanish State Council, in a panel that included two former Ministers of Justice, one former President of the Constitutional Court and one of the original drafters of the Spanish Constitution, admitted that the Government expulsion decision in 2009 contradicted the policy of the European Union and that, in any case, according to this policy, the EU and Israel have signed several technical cooperation agreements which apply to Israeli universities and which do not exclude academic institutions like Ariel University that are located in the disputed territories.

The legal case against the Government of Spain was led by the prestigious Spanish firm Cremades & Calvo-Sotelo on behalf of Ariel University, in coordination with the University’s Anti-BDS Committee headed by Executive Committee Member, Adv. Marc Zell of Jerusalem, and has lasted five years until its final resolution. The administrative file documents incorporate evidence of the pressure to have Ariel University disqualified from the competition solely on political grounds, exercised against the contest organizer, the Spanish Ministry of Housing, by the BDS (Boycott, Divestments and Sanctions), movement that targets the isolation, delegitimization and discrimination against the State of Israel.

The relevance of this landmark resolution is that it denies a legal basis to the discrimination promoted by the BDS movement, on grounds of fundamental constitutional rights in Spain. Both the Spanish Government and the State Council declared as unfounded the international and EU policy reasons vaguely argued by the Spanish Housing and Foreign Affairs ministries in order to justify the illegal expulsion, in the midst of a scientific and academic contest, of an Israeli University based in Samaria, within the disputed territories. The consequence is a hefty penalty against the Spanish Government. This resolution sets an important precedent, both in Spain and internationally, for the fight against BDS’ institutional discrimination against Israel and the expected cost of surrendering to BDS coercion.

Following this decision, Ariel University’s Chancellor, Yigal Cohen-Orgad, emphasized that the final decision of the Spanish Administration is “a partial but necessary response to the pressure being mounted by the BDS movement around the globe and proves that efforts to isolate and demonize Israel can and will be thwarted”.

“It’s not a simple fight but we are successfully combating both antisemitism and BDS in Spain. Every day, in every attempt by BDS and its anti-system network to delegitimise and demonise the only democracy in the Middle East, we make sure they all receive a vigorous response. Social networks have become the new battlefields and the rejection of BDS by mainstream political parties, that ultimately represent the vast majority of people in Spain, is an essential objective of ours. Ultimately, court rulings such as this one evidence BDS’s antisemitic objectives and will send BDS discriminatory tactics back to the fringes of our democratic society in Spain and the dustbin of history, where they belong”, Angel Mas, President of ACOM.