La difícil situación de las minorías religiosas bajo la Autoridad Palestina

El año pasado, la Autoridad Palestina hizo una promesa de respetar «los derechos civiles y políticos de las personas, incluido el derecho a la vida , la libertad de religión , libertad de expresión , la libertad de reunión , los derechos electorales y de los derechos a un juicio justo » al firmar el Pacto Internacional de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos.

La Autoridad Palestina también ha firmado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y la Convención sobre los Derechos del Niño y la Carta Árabe de Derechos Humanos.

Todos estos documentos garantizan la libertad de religión de alguna manera.

Pero eso no significa necesariamente que las minorías religiosas bajo el mandato de la ANP gozan de libertad. De hecho, según un nuevo informe del Instituto de Justicia de Jerusalén, estas minorías se enfrentan a muchas «violaciones (no declaradas, y a menudo censuradas) de la Autoridad Palestina contra los palestinos». El informe JIJ es un esfuerzo para dar voz a aquellos palestinos marginados – en su mayoría cristianos – que no pueden hablar por sí mismos.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas define la libertad de religión como el derecho de tener o de adoptar la religión o las creencias libremene. La libertad religiosa no se limita a garantizar el derecho de un individuo a practicar la religión; también le garantiza la libertad religiosa, en su acepción global y relacionada con el entorno. Si bien en el papel de esta libertad es teóricamente al alcance de todos en el mundo, el Centro de Investigación Pew afirma que «casi el 70 por ciento de la población mundial vive en países con altas restricciones a la práctica religiosa»

El informe JIJ sugiere que «Palestina» es uno de esos paises.

Aunque reconoce la «extrema complejidad» de la situación religiosa en Cisjordania y Gaza, JIJ considera que los líderes palestinos deben ser considerados responsables de las violaciones de la libertad religiosa que han cometido contra su propio pueblo.

La Ley Básica palestina actualmente funciona como constitución temporal de Palestina y dice que, mientras que el Islam es la religión oficial palestina, «el respeto por la Santidad de todas las otras religiones divinas se mantendrá». Pero ese mismo documento permite la legislación que contradice la libertad de religión especificando que la Sharia es la fuente principal de la legislación del país.

Para asegurar que sus ciudadanos tengan completa libertad de religión, un país debe «permitir la libertad de las minorías religiosas, y no participar en las costumbres de otras religiones». No debe restringir la práctica religiosa o ritual, y no debe intentar imponer un dominante las creencias religiosas o estilo de vida a sus ciudadanos.

JIJ apunta a un elemento común de antagonismo ya sea implícita o explícita hacia las minorías religiosas de Palestina que se teje a través de muchas de las leyes del país.

Por ejemplo, los residentes de Cisjordania están sujetos a trabajos forzosos a perpetuidad para la venta de tierras a un «Estado enemigo o uno de sus referentes» (en referencia a Judíos y, a veces los cristianos). La mayoría de los palestinos toman esto como una prohibición de venta de la propiedad a cualquier no musulmán.

La discusión sobre la libertad de religión fluye en leyes de estatus personal, ya que, en los territorios palestinos, estas leyes dependen del credo profesado por una persona. Por ejemplo, los matrimonios palestinos no son válidos si se realizan entre una mujer musulmana y un hombre no musulmán; en Cisjordania, la nulidad se extiende a los matrimonios entre un hombre musulmán y una mujer judía o cristiana. Además, las madres sólo son capaces de obtener la custodia de sus hijos si no son apóstatas del Islam, es decir, creyente de cualquier otra religión.

Se consideran hijos de matrimonios «no válidos» si nacen fuera del matrimonio, no pudiéndose registrar u obtener la identificación, una violación del Pacto Internacional de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos, artículo 16, que dice que «toda persona tendrá derecho a ser reconocidas como personas ante la ley.»

Musulmanes – o conversos musulmanes – en los territorios tienen pleno derecho a la ciudadanía, pero lo mismo no puede decirse de los que optan por abandonar el Islam. Aunque la letra de la ley Palestina permite la adopción o el rechazo del Islam, la conversión a otra religión supone la pérdida de toda protección social y religiosa, llegando a acarrerar la pérdida de la propiedad, la anulación del matrimonio y, en última instancia, la pena de muerte. Además, aquellos que se identifican como agnósticos o ateos a menudo esconden sus no creencias bajo una fachada religiosa para evitar el arresto.

JIJ también acusa a la Autoridad Palestina de violar el derecho inherente a la vida, que también se prometió en el PIDCP. Este tratado permite la pena de muerte para imponerse por sólo el «más grave de los crímenes», pero JIJ señala la consideración de la AP de la conversión del Islam o la venta de un terreno a un no creyente «delitos graves», punible con la muerte – una creencia que el resto del mundo civilizado no comparte.

Mientras que los cristianos desde luego no tienen una vida fácil bajo el gobierno palestino, JIJ dice que los conversos del Islam al cristianismo están en una situación aún peor. La Autoridad Palestina prohíbe la conversión, lo que obligó conversos a vivir vidas secretas que fingen ser musulmán para evitar el arresto, cuando no algo peor. Iglesias cristianas suelen tener miedo de respecto a la oficialización de conversiones, por temor a ataques, y la AP no se refiere a sí misma cuando conversos son heridos o muertos. Según JIJ, «evangelizar a los musulmanes no se acepta.»

Judíos también son aislados en la tierra que sería Palestina. Mientras que los judíos que viven en Cisjordania no están legalmente sujetos al control de la Autoridad Palestina, pero están afectado por el prejuicio extremo. En Gaza, se les prohíbe su existencia. La Carta de Hamas, en su artículo 7, dice que, «El Día del Juicio no vendrá hasta que los musulmanes combatan y maten a los judíos.» Muchos funcionarios palestinos han expresado su preocupación por judíos ‘asimilando a la cultura palestina y han argumentado en contra de permitir a los colonos israelíes tener doble nacionalidad en el caso de una solución de dos estados.

Después de mirar sistemáticamente en docenas de leyes palestinas, citando a una multitud de ejemplos de la persecución religiosa, y entrevistar a muchos palestinos en el terreno, JIJ concluye que, a pesar de la promesa ex profeso de la Autoridad Palestina por preservar la libertad religiosa, las leyes (y la falta de aplicación de ellas) existentes no protegen a las minorías religiosas.

Muchas leyes palestinas contradicen directamente tanto el PABL y el PIDCP. JIJ pide a la Autoridad Palestina «proteger y respetar» sus obligaciones internacionales y apoyar la libertad de religión.

JIJ cree que la Autoridad Palestina hace un flaco favor a las minorías religiosas mediante la adhesión a las prácticas obsoletas y discriminatorias y no dar a sus ciudadanos las libertades que se merecen. JIJ pide que la comunidad internacional «exija a la AP que respete y proteja los derechos de las personas bajo su gobierno».