La excepcionalidad del Gobierno de España
España es el único país de Europa al que Israel ha tenido que lanzar un reproche diplomático por su actitud tras el pogromo del 6 de octubre. El Gobierno español considera “inamistoso” el comunicado de la Embajada israelí. Quizá nuestro ministro de Exteriores esperara una felicitación después de que una compañera de gabinete, la ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030, afirmara que el Gobierno de Israel “está llevando a cabo crímenes de guerra en la Franja de Gaza”, y que “denunciar ese genocidio no es alinearse con Hamás, es una obligación democrática”.
O acaso José Manuel Albares, que ha guardado una semana de silencio, creía que Israel iba a aplaudir a Yolanda Díaz cuando acaba de sufrir una indescriptible matanza de niños, mujeres, ancianos, toma de rehenes y una carnicería en un concierto mayor que la de Bataclán. Esta fue la reacción de la Vicepresidenta del Gobierno de España: denunciar “el apartheid israelí” y poner como condición electoral para que su partido apoye la investidura de Pedro Sánchez el reconocimiento del Estado de Palestina.
Junto a las palabras más hostiles que han salido de un Gobierno europeo, cabe destacar la negativa de varios miembros del Ejecutivo español a calificar de terrorista a Hamás. Son los mismos que han llamado a participar en manifestaciones organizadas por grupos considerados terroristas, por ejemplo, en Alemania. En tales manifestaciones, auténticos actos de coacción y amenaza, se llamó al genocidio de los judíos. No otra cosa significa el lema coreado: “desde el río hasta el mar, Palestina vencerá”. Es decir, desde el Jordán hasta el Mediterráneo no hay espacio para Israel. Una variante del tristemente célebre “empujar a los judíos al mar”, o sea, exterminarlos y borrar a Israel del mapa.
Es el alineamiento de miembros de un Gobierno que se supone amigo con la propaganda de los terroristas que pretenden eliminar a Israel; es la acusación de genocidas a los que han sufrido genocidio, justo cuando están siendo víctimas de todo tipo de atrocidades; es la petición de que Israel sea llevada ante la Corte Internacional de Justicia; es la exigencia de reconocimiento de un Estado que no existe… Son todas esas iniciativas hostiles las que ha hecho reaccionar al Gobierno israelí.
Esos gobernantes españoles rezuman comprensión ante el mayor exterminio de judíos en un solo día desde el Holocausto. La honda preocupación que el resto de Gobiernos de Europa y del mundo democrático han mostrado hacia las 1.400 víctimas del fin de semana del terror la muestran ellos hacia los victimarios. En cuanto al presidente del Gobierno, su condena fue, como mínimo, tibia en comparación con sus homólogos europeos: de entrada no reconoció el derecho de Israel a defenderse. He ahí posiblemente la razón por la que las potencias que se coordinaron ante la matanza para manejar la grave crisis no tuvieron en cuenta a Pedro Sánchez pese a ocupar la presidencia de turno de la UE.
Solo España y Colombia mantienen un conflicto diplomático con Israel. Cuando el ministro de Exteriores lo da por zanjado, miente: la representación de Israel en España no ha retirado una sola línea de su comunicado. Por mucho que el señor Albares lo calificara de “tajantente falso”, las citas aquí recogidas demuestran lo contrario. Tal como recoge el comunicado israelí, las “declaraciones de algunos miembros del Gobierno español” los alinean con el “terrorismo tipo ISIS”, son “inmorales” y “ponen en peligro la seguridad de las comunidades judías en España, exponiéndolas al riesgo de un mayor número de incidentes y ataques antisemitas”. También insta al presidente Sánchez a que “denuncie y condene inequívocamente estas vergonzosas declaraciones”. No lo ha hecho.
La Embajada de Israel se atiene a la verdad. Como judíos españoles, sentimos en efecto nuestra seguridad en peligro, y ha aumentado nuestro riesgo de sufrir incidentes y ataques antisemitas. Es posible que, a estas alturas, Israel ya sepa que el presidente del Gobierno español no ejerce en realidad de presidente, que solo encabeza formalmente una banda formada por facciones a menudo contrarias. Pero cuando la ministra Belarra acusa a Israel de genocidio, en su post consta el nombre del Gobierno de España. Forma parte de él y lo compromete. Así que no, el Gobierno no actúa con una sola voz, como pretende el ministro Albares.
Por si fuera poco, ha sido el Gobierno español el que ha puesto mayor énfasis en impedir el bloqueo de la financiación que la UE envía a la Autoridad Palestina, cuando es perfectamente trazable el destino que esta da a la remuneración de terroristas en el programa “Pagar por matar”. Los “vivas” a la “Palestina libre” que esos miembros del Gobierno español y sus formaciones dieron cuando Hamás estaba todavía masacrando judíos constituye un obvio y obsceno alineamiento con los terroristas.
Se equivocaban cuantos sostenían que Pedro Sánchez podría contenerse a la parte extremista de su gabinete. Tras este choque diplomático ya no caben dudas: con ellos en su seno, el Gobierno Sánchez no es homologable, constituye una anomalía. En este caso, una anomalía antisemita. Por eso ACOM seguirá enfrentándose a aquellas de sus posiciones que nos ponen en peligro como judíos españoles.