Las veleidades antisemitas pagadas por todos
Más de 65 ayuntamientos, mayormente gobernados por partidos de izquierda radical, y otras administraciones públicas, se han adherido a la discriminatoria y xenófoba campaña de odio del BDS en el territorio español. De la ilegalidad e inconstitucionalidad de dicha campaña dan fe las decenas de denuncias ganadas por ACOM (organización de referencia en España en la lucha contra el antisemitisimo y la xenofobia) en los Tribunales españoles que ha conseguido frustrar en al menos 25 ayuntamientos el discurso del odio del BDS.
Es absolutamente inaceptable e inmoral el uso de recursos públicos para hacer campañas de propaganda ilegales de boicot contra la única democracia de Oriente Medio; tan inaceptable e inmoral como que políticos, pagados con nuestros impuestos, en busca del voto fácil o de unas líneas en la prensa adhieran sus ayuntamientos a un movimiento, como es el BDS, que aleja la solución pacífica del conflicto y que niega a Israel los derechos más elementales, asumiendo, desde el maniqueísmo y la más absoluta ignorancia del conflicto árabe israelí, una postura partidista y sectaria amparada en el mensaje de odio antisemita del BDS.
La cesión de espacios municipales, la difusión de ideas y comportamientos xenófobos, y el sufragio de estos con el erario público de todos los españoles no pueden tener cabida en una sociedad moderna, democrática y alejada de comportamientos discriminatorios, más aún si consideramos que el conflicto árabe israelí, como otros temas de política exterior donde debe primar una estricta neutralidad, es un asunto totalmente ajeno a las competencias municipales. Lamentablemente, debido al populismo de algunos alcaldes, el coste de esas campañas antisemitas y de los procesos judiciales con sus costas recaen sobre las arcas de los ayuntamientos, haciendo uso de fondos comunes para costearlas. Recursos, por desgracia, más necesarios para otras actividades sociales y de creación de empleo y riqueza, especialmente en tiempos de crisis como los actuales.
Los ciudadanos, votantes y contribuyentes de esos ayuntamientos tienen el derecho a saber que el movimiento BDS-Rescop niega la solución de dos estados, está en contra de la normalización de relaciones, ignora la responsabilidad palestina en el conflicto, es marcadamente antisemita al no reconocer el derecho a la existencia de Israel y, por ende, el derecho de autodeterminación del pueblo judío, y blanquea, justifica y hace apología del terrorismo palestino invitando, incluso, en sus eventos a sanguinarios terroristas como Leyla Khaled, miembro de la organización criminal FPLP, organización con la que el BDS-Rescop tiene vínculos públicos y conocidos.
