Otra sentencia judicial contra el BDS-ELAI: ya son 77 los acuerdos anulados

• El Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de Córdoba ha anulado el boicot a Israel aprobado por el Ayuntamiento de Montoro (Córdoba).
• El Tribunal recalca que las declaraciones de espacio libre de apartheid israelí y la adhesión a la campaña BDS vulneran principios básicos de la Constitución española y otros cuerpos legislativos.
• Gracias a la iniciativa legal de ACOM, 77 acuerdos BDS-ELAI institucionales han sido anulados judicialmente o por las propias Administraciones Locales y/o Públicas.

El 29 de marzo de 2016 el Ayuntamiento de Montoro – 9.635 habitantes-, aprobó una moción de adhesión al boicot a Israel. Dicha propuesta de adhesión al movimiento BDS fue instigada desde Izquierda Unida, y recibió el apoyo del PSOE (partido gobernante). El PP se abstuvo. El proponente de la moción, el comunista Luis Navarro, llegó a afirmar de viva voz que “el pueblo Israelí no puede considerarse víctima inocente cuando es cómplice del genocidio palestino” (sic).

Dicho texto recogía el compromiso “de incluir cláusulas” especiales en sus convenios, además de recibir el sello de “Espacio Libre de Apartheid Israelí” entregado por la RESCOP y a fomentar la cooperación con el BDS para asegurar la correcta implementación de la decisión adoptada a través de dicho conglomerado de organizaciones a nivel nacional, y la plataformas locales a nivel regional.

Es ahora cuando el Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de Córdoba, en una demoledora sentencia, y apelando a “una amplia muestra de resoluciones jurisdiccionales”, ha anulado el boicot a Israel aprobado por el Ayuntamiento de Montoro.

El tribunal entiende que la moción “se trata de un acuerdo con efectos jurídicos porque se suma a la campaña Espacio Libre de Apartheid Israelí (ELAI) y declara su apoyo al movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones), lo que supone la admisión de las medidas de boicot previstas en la campaña, aunque en este momento el Acuerdo no especifique medidas concretas”. También queda reflejado en la sentencia que los ayuntamientos “ni puedan con sus actos vulnerar o socavar mediante exigencias o imposiciones la independencia judicial constitucionalmente consagrada”.

Esta sentencia se une a las más de 70 revocaciones de espacios BDS-ELAI (cifra inédita a nivel mundial) gracias a la iniciativa jurídica de ACOM, que ha logrado exponer la vocación discriminatoria de una campaña que sitúa de facto en un ghetto a los ciudadanos del Estado judío y a todos los que los apoyan -en particular, a los españoles-, impidiendo cualquier tipo de relación de la Administración con empresas o personas israelíes.