• El Juzgado Contencioso Administrativo nº 4 de Córdoba ha anulado el boicot a Israel aprobado por el Ayuntamiento de Almodóvar del Río (Córdoba).
• El Tribunal recalca que las declaraciones de espacio libre de apartheid israelí y la adhesión a la campaña BDS vulneran principios básicos de la Constitución española y otros cuerpos legislativos.
• Gracias a la iniciativa legal de ACOM, 75 acuerdos BDS-ELAI institucionales han sido anulados judicialmente o por las propias Administraciones Locales y/o Públicas.

El 6 de abril de 2017 el Ayuntamiento de Almodóvar del Río– 7.694 habitantes-, aprobó una moción de adhesión al boicot a Israel. Dicha propuesta de adhesión al movimiento BDS fue instigada desde Izquierda Unida, y recibió el apoyo del PSOE y Podemos. El PP votó en contra de la moción.

Dicho texto recogía el compromiso “de incluir cláusulas” especiales en sus convenios, además de recibir el sello de “Espacio Libre de Apartheid Israelí” entregado por la RESCOP y a fomentar la cooperación con el BDS para asegurar la correcta implementación de la decisión adoptada a través de dicho conglomerado de organizaciones a nivel nacional, y la Plataforma Andalucía con Palestina a nivel regional.

Es ahora cuando el Juzgado Contencioso Administrativo nº 3 de Córdoba, en una demoledora sentencia, y tras el recurso interpuesto por ACOM, ha anulado el boicot a Israel aprobado por el Ayuntamiento de Almodóvar del Río.

El tribunal entiende que la declaración de Espacio ELAI es contraria al principio de igualdad y no discriminación y recalca que el ayuntamiento carecía de facultades para aprobar una resolución que interfiriera con la política de asuntos exteriores del Estado. Especialmente duro se ha manifestado el Tribunal respecto a las verdaderas intenciones del acuerdo aprobado: “el acuerdo, sus antecedentes y particularmente su exposición de motivos, aparece dirigida a una misma finalidad de excluir, sin amparo legal alguno, a empresas por sus vínculos directos o indirectos con el Estado de Israel, introduciendo así un elemento discriminatorio sin amparo legal ni competencial alguno y que es vulnerador del derecho de igualdad consagrado constitucionalmente«.

Esta sentencia se une a las más de 70 revocaciones de espacios BDS-ELAI (cifra inédita a nivel mundial) gracias a la iniciativa jurídica de ACOM, que ha logrado exponer la vocación discriminatoria de una campaña que sitúa de facto en un ghetto a los ciudadanos del Estado judío y a todos los que los apoyan -en particular, a los españoles-, impidiendo cualquier tipo de relación de la Administración con empresas o personas israelíes.